Carlos Javier GONZÁLEZ
La declaración atribuida a Lorenzo Córdova en el sentido de que deberían de ser los electores y no el Instituto Nacional Electoral (INE) quiénes decidan o no la continuidad del Partido Verde Ecologista por diversa violaciones a la ley, confirma esa tendencia que se tiene en México a desdeñar a la ley y someter las decisiones a una especie de “justicia plebiscitaria”.
Es evidente que el INE no pasa por un buen momento de credibilidad y esto tiene como origen el origen mismo del Instituto.
Cabe recordar que el Instituto Federal Electoral del año 2000, que abrió la puerta a la democracia a nivel federal en México, fue durante muchos años un instituto muy respetado y hasta querido por la sociedad mexicana.
Sin embargo, posteriormente al proceso electoral de dos mil seis en que la victoria de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, fue sumamente cuestionada, los propios partidos políticos decidieron dinamitar la credibilidad de un instituto al que los mexicanos teníamos por un ícono de la democracia.
El cuestionamiento del resultado del proceso mismo por parte de López Obrador –que derivó en la ridícula caricatura de su toma de protesta como Presidente Legítimo- y la falta de capacidad operativa del gobierno de Calderón, hizo que el IFE fuera acusado de todo y por todos, lo que terminó de minar su credibilidad.
Así se da otra reforma electoral más en dos mil siete, siempre a conveniencia de los partidos políticos y nunca a favor del ciudadano. La última reforma electoral, del año dos mil catorce, que volvió nacional al antiguo instituto federal, parecía tener sentido y lógica, hasta que comenzaron los procesos electorales.
El caso particular del Partido Verde Ecologista de México, que ha sido multado en reiteradas ocasiones por violaciones a la ley, es emblemático de la forma en que el INE ha decidido ser una caricatura de sí mismo.
Parece tener reticencia inexplicable a ejercer sus atribuciones consignadas en el artículo noventa y cuatro de la Ley General de Partidos Políticos, que le faculta a sancionar incluso con la pérdida de registro cuando un partido viole de manera sistemática y reiterada la ley.
Ahora bien, el INE deberá explicar de manera clara por qué no aplica las sanciones que la ley prevé, con un razonamiento lógico jurídico que deje satisfechos a los técnicos en derecho que comprendan cuál es la motivación y fundamentación de su actuar.
Pero hasta ahora, lo que ha dicho el INE es que serán los electores quienes decidan si se le deja el registro o no a dicho partido, en función de los porcentajes que obtengan de la votación.
Esta salida es fácil, cobarde y no aporta nada a la democracia, pero deja ver de cuerpo entero a quien preside el INE. A imagen y semejanza de la farsa de Agustín de Iturbide, quién provocó su coronación como emperador de México mediante un movimiento social provocado por él mismo que solicitaba su coronación, así parece suceder ahora en la silla mayor del INE.
La historia nos cuenta el triste final que tuvo Iturbide y su efímero imperio de merengue. Este INE tiene un desprestigio ante la ciudadanía justamente por ceder a las presiones de partidos políticos, a los chantajes de la clase gobernante y con esta negativa a aplicar la ley, se refuerza la idea de que es una institución de esas que antes llamaban “elefantes blancos”. Sea cual sea la interpretación que se dé a la inacción del INE, lo que queda claro es que para ellos la ley se aplica…sólo si el pueblo lo quiere y así lo manifiesta expresamente en la urnas, es decir, justicia plebiscitaria.
Esta caricatura, se llama INE y es –según dicen- de todos nosotros.
(FUENTE: EL FINANCIERO/SUSCRIPCIÓN)
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