ANDARES POLÍTICOS: “Huele a podrido”… la impartición de justicia en México

Benjamín TORRES UBALLE

Fuerte resabio dejó en el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, la liberación de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala.

Encinas no se anduvo por las ramas, ni consideró cortesías políticas, por el contrario, fustigó y describió con extrema dureza al devaluado sistema judicial mexicano:

“Hay que decirlo, lo asumo con toda responsabilidad, esto, estas resoluciones es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad, y la impunidad para conocer la verdad. Y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país que huele a podrido”.

Y le asiste razón absoluta al funcionario federal cuando señala puntualmente las graves y ancestrales deficiencias que imperan en el Sistema Judicial. Para ningún ciudadano es desconocida la brutal corrupción que prevalece en los policías ministeriales, ministerios públicos, jueces y magistrados. Quizás existan excepciones, pero serán eso, una rareza cuasi imposible de hallar.

La correcta impartición de justicia en la república mexicana es una utopía y representa, al mismo tiempo, una de las mayores deudas del Estado con la sociedad. Jueces de cuestionable honorabilidad, que bajo argumentos legaloides liberan a criminales, conforman, en una parte muy significativa, a la nefasta burocracia del Poder Judicial que tiene en sus manos la trascendental aplicación de las leyes.

Por ello es entendible la molestia en la Segob; pero el desaseo, lo grotesco y el manto gigantesco de sospecha que cubren una vez más a los “impartidores de justicia”, no son para sorprenderse, han estado ahí por muchísimas décadas en perjuicio del ciudadano; particularmente hacia aquellos que carecen de los recursos para defenderse de las perniciosas arbitrariedades y corruptelas judiciales.

También le asiste la razón al subsecretario Encinas cuando asegura y propone, lo que es una ancestral exigencia de la población:

“Ya es el momento de hacer cambios profundos, para que garantizando los derechos humanos de las personas presuntas responsables de la comisión de los delitos también se dé cuenta del derecho de las víctimas, como también del fin de la impunidad en este país”.  

Concluir con la impunidad colocaría a México como una nación de avanzada, un país donde el Estado de derecho no sea una palabra ni acción hueca, como tristemente lo es hoy. En tanto no exista un verdadero sistema de impartición de justicia, al gobierno le resultará imposible asumirse como un régimen democrático, pues arrastrará consigo, sí, el pesado lastre de la injusticia e impunidad.

No deben quedar en el aire los señalamientos y acusaciones de Alejandro Encinas, pues, éste corre el riesgo de quedar como mero oportunista ante el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán cinco años de la desaparición forzada de los normalistas. Es necesario pasar al terreno de las acciones, no sólo para hacer justicia a los alumnos, sino para prevenir posibles hechos lesivos a la sociedad en general provenientes de quienes tienen la delicada tarea de aplicar las leyes.

Si el Poder Judicial ha defendido a ultranza su autonomía y no precisamente para hacer respetar el ordenamiento constitucional que así lo precisa, sino, principalmente, para conservar sus vastas prerrogativas y generosos salarios, es hora de que se comporte de manera decorosa, proba y eficaz.

La correcta aplicación de la ley debe empezar en casa, en los órganos impartidores de justicia. Los comportamientos ruines, alentados por “billetazos” para acelerar o torcer una sentencia en determinado sentido, no deben tener cabida en un México con mucha hambre y sed de justicia, como bien lo subrayó Luis Donaldo Colosio en su memorable discurso del 6 de marzo de 1994.

Colosio veía ya, hace 25 años, a “Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abusos de las autoridades, o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”.

Nada ha cambiado desde entonces, sigue la misma podredumbre, lo podrido, en el repudiado aparato judicial mexicano. Lo padeció en carne propia el subsecretario de Gobernación y lo hizo patente el mismísimo domingo 15 de septiembre. Desconocemos si habrá un nuevo derrotero en el gobierno morenista para corregir el camino inextricable que hoy conduce a los oscuros sótanos de la justicia en México. La oportunidad ahí está presente, es un reto descomunal, el presidente López Obrador habrá de decidir si, mediante la vía institucional, lo toma o mira hacia otro lado.

@BTU15