Benjamín TORRES UBALLE
Ni el más sagaz de los publirrelacionistas lo habría hecho mejor. La recaptura de Joaquín Guzmán Loera llegó en el momento preciso para darle una valiosa bocanada de oxígeno a la vapuleada y debilitada imagen del presidente Enrique Peña Nieto, tanto en el mundo como en el país.
Escándalos y tragedias como la “Casa Blanca”, la matanza en Tlatlaya, la desaparición de los normalistas, la abrupta cancelación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, sin olvidar los señalamientos de que en la república mexicana la tortura se practica de forma generalizada, aunado a los dolores de cabeza por el desplome en los precios del petróleo y la incesante depreciación del peso, conformaron un entorno muy negativo para el mandatario.
Pero más allá del circo mediático generado por la reaprehensión de El Chapo (donde Televisa sigue siendo indispensable en la comunicación social de la Presidencia), regresar al narcotraficante sinaloense al Penal del Altiplano atenúa sólo de momento las duras presiones sobre la administración peñista. El hecho simplemente es como una especie de aspirina para una infección patológica.
Sin dejar de reconocer que existen ya ciertos bocetos benéficos de algunas de las reformas constitucionales sobre las que Peña Nieto ha fincado su gobierno (la eliminación de la larga distancia, la reducción en las tarifas de telefonía celular, entre otras), persisten variables perniciosas que afectan gravemente a los mexicanos y a las cuales el gobierno federal pareciera no haber encontrado solución.
A manera de ejemplo, y en el tema más sensible para la población, que es el de la inseguridad, este lunes el INEGI dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al mes de diciembre de 2015, y los resultados siguen siendo de enorme preocupación: el 67.7% de la población mayor de 18 años encuestada, es decir, 2 de cada tres personas, consideran inseguro vivir en su ciudad. Las cifras no mienten acerca de este flagelo.
Del propio estudio se conoce que, en el mismo mes del 2014, el porcentaje fue de 67.9%, lo que significa que prácticamente no existe disminución alguna en la inseguridad, como han insistido las autoridades encargadas de garantizar la seguridad a todos los mexicanos. Ésta debiera ser una prioridad.
Y para reforzar la información del INEGI, basta echar una mirada hacia Guerrero, donde en la administración del nuevo gobernador, Héctor Astudillo —que apenas lleva 76 días en el cargo—, ya se han registrado 319 ejecuciones (Reforma, 12-01-2016); o voltear a Morelos, donde el crimen organizado se apoderó de la entidad ante la incapacidad del mandatario estatal Graco Ramírez; aunque el Estado de México no se queda atrás en materia de inseguridad, tanto así que el gobierno estadunidense lo tiene incluido en sus alertas de viaje para no visitar ciertos municipios.
Mas la violencia no es el único concepto por el cual el gobierno federal debe preocuparse y ocuparse. El tema económico subyace como un serio problema en ciernes. El hundimiento en los precios del petróleo (salvados ahora parcialmente por los seguros adquiridos) y la interminable devaluación del peso (aunque algunos objeten que técnicamente no es devaluación), que ha llevado a una severa reducción en las reservas internacionales del banco central, demandan acciones más decididas para impulsar, de forma vigorosa, la insuficiente dinámica económica.
Es verdad que existen logros a nivel macro, como el control de la inflación a niveles nunca antes vistos en tiempos modernos, incluso un crecimiento moderado dentro de un difícil entorno económico mundial; sin embargo, el país precisa de mayor crecimiento y los millones de mexicanos en pobreza lo necesitan de manera urgente y efectiva. Hasta hoy el empleo y comercio informal han sido una válvula de escape que ha atemperado el riesgo de un estallido social. También los cientos de miles de connacionales que desde Estados Unidos envían anualmente remesas millonarias de dólares han contribuido a evitar la hecatombe.
La importancia de privilegiar el tema social y el de la pobreza, con una estructura real y no mediante programas sociales poco útiles que no sirven sino para fines electoreros y el enriquecimiento de ciertos vivales, fue descrita perfectamente por el Coneval en su cuenta de Twitter el pasado lunes: “El crecimiento de la Línea de Bienestar y Bienestar Mínimo en 2015 ha sido el menor registrado en los últimos 7 años”. Esto es lo que debe solucionarse de inmediato, pues constituye en tanto una vergüenza y una afrenta para los 55.3 millones de pobres.
Por temas tan impostergables, que demandan acción permanente y efectiva, es que no hay motivos para presumir la recaptura de El Chapo, una fuga que exhibió una vez más la corrupción que impera en muchas instancias de gobierno. En todo caso, sólo se corrigió a medias un ignominioso hecho que contribuyó a socavar el otrora prestigio del actual Ejecutivo federal.
EL CIRCO DEL PRD
Los perredistas siguen cavando su tumba. Con las alianzas para ir juntos con el PAN a buscar las gubernaturas de Oaxaca, Veracruz, Durango, Zacatecas y las muy probables en Puebla y Tlaxcala, no sólo están en peligro de perder a su nuevo líder nacional, Agustín Basave, quien no puede llamarse sorprendido, pues ya sabía cómo se comportan las tribus del sol azteca, sino a muchos seguidores que no están conformes con tales acuerdos. Francamente no tienen remedio.
@BTU15
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