Benjamín TORRES UBALLE
El gobierno mexicano se ha resistido obstinadamente a reconocer y admitir lo que está a la vista de toda la población y del mundo: la flagrante crisis en materia de derechos humanos en el país. Ello lo ha llevado a confrontarse con organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras. De hecho, se ha enfrascado en disputas con quien ha osado señalar dichas violaciones; los dimes y diretes están a la orden del día.
Una muestra de la elevada temperatura que ha alcanzado la intolerancia gubernamental es la cancelación de la visita a México —programada originalmente para este mes— del relator especial de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, quien no se mordió la lengua para afirmar que, el nuestro, “es uno de los países más represivos contra los defensores de los derechos humanos”. ¡Uf, vaya, qué misil!
Pero los incómodos señalamientos no provienen únicamente de fuera. Las presiones generadas en la república mexicana por la sociedad civil han crecido de manera exponencial hasta convertirse en una tarea inmediata e ineludible que la administración peñista debe atender y resolver de forma prioritaria, en lugar de evadirla y montarse en el ocioso capricho de la negación.
Apenas este martes, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en voz de su titular, Luis Raúl González Pérez, sepultó los débiles argumentos del gobierno federal que intentan desvirtuar las duras acusaciones respecto de la violación recurrente de los derechos de los ciudadanos por parte de diversas instituciones del Estado mexicano, así lo aseguró en Los Pinos, ante el presidente Enrique Peña Nieto, al presentar el informe de actividades 2015 de la Comisión:
“… ante la coyuntura crítica por la que atraviesan los derechos fundamentales en nuestro país, sólo quedan dos caminos: la resignación o la transformación”. El señalamiento no deja lugar a dudas, el ombudsman habla de crisis frente al mismísimo Presidente.
Y no, no hay error alguno, no se trató de un dislate de González Pérez, quien para que no existiera suspicacia alguna sobre su dicho reiteró: “Permitir que las cosas sigan como están es imposible. Tolerar las violaciones a derechos humanos es traicionar el futuro. La transformación que se requiere no debe hacerse por interés o conveniencia política, es y debe ser un imperativo moral, tanto para las instituciones del Estado como para los organismos defensores de derechos humanos”.
Desde luego que al Estado le resulta prácticamente imposible refutar las afirmaciones de la CNDH. No existen elementos para ello, ahí están los datos duros de las desapariciones forzadas, de los abusos de las fuerzas de seguridad, de los cuerpos policiacos, cuyos elementos en casos deplorables se han convertido en peligrosos secuestradores y asesinos de ciudadanos —hechos
como en Tierra Blanca, Papantla y Tlatlaya ilustran la depredación—; también las imputaciones respecto a que en México la tortura es una práctica generalizada, de la cual no están exentas las fuerzas armadas, de acuerdo con la mencionada relatoría de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
De modo que la profunda crisis en la que se encuentra inmerso el gobierno de México, a causa de la inobservancia de los derechos humanos, fue subrayada por el presidente de la CNDH, al ponerla en relieve: “la sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones, lo que se agrava por un entorno donde la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, así como los problemas de violencia, inseguridad y carencias, son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho”. En esto radica el meollo del conflicto.
En este espacio hemos insistido que el génesis de la mayor parte de los problemas más serios que padece México es la falta de la aplicación de la ley, de venderla a quien puede pagar por ella, perversión que genera impunidad y alienta la reincidencia. Si en el país simplemente se aplicara la ley, sin disimulos, sin apariencias, sin corruptelas, hoy no estaríamos discutiendo el estrepitoso fracaso de la protección a los derechos humanos de los mexicanos por parte del Estado.
“La verdadera vigencia de los derechos humanos demanda el emprender, con toda urgencia y responsabilidad, el abatimiento de la corrupción, problema que tiene mucho que ver con la impunidad lacerante que ha debilitado los cimientos de nuestro Estado de derecho”, ha dicho González Pérez. En ello coincidimos plenamente, no hay recetas mágicas, sólo la eficacia de la ley.
PALO DEL INE A MORENA Y DAVID MONREAL
Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, tiene en Zacatecas la opción más clara para ganar su primera gubernatura a través de David Monreal, quien está bien posicionado y con cierta ventaja sobre sus contrincantes. Sin embargo, este miércoles, el INE le canceló al hermano de don Ricardo el registro por “irregularidades encontradas en la revisión de los informes de los ingresos y gastos de precampaña”. ¿El Rayito de esperanza mandará al diablo al INE o pondrá en orden las cuentas?
@BTU15
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