ANDARES POLÍTICOS: Los otros datos de la inseguridad y violencia

Benjamín TORRES UBALLE

En medio de la muy fuerte turbulencia que vive la sociedad mexicana con el gobierno obradorista, en Palacio Nacional se orquesta de manera sistemática una serie de distractores para intentar darle la vuelta a temas extremadamente delicados que preocupan sobremanera a la población y que en la actualidad permanecen irresolutos. La infernal inseguridad y violencia son algunos de ellos.

Resulta que el INEGI dio a conocer su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), donde, entre otros factores, revela que el 58.9% de la población adulta en la República considera la inseguridad como el problema más serio que lo aqueja.

No obstante, para el señor presidente López Obrador, vamos “requete bien” y somos “felices, muy felices”. Empero, hay “otros datos”, los reales. Durante la conferencia mañanera del pasado miércoles, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, admitió ante el mandatario:

“En el caso del robo a transporte público colectivo, que va al alza y también el robo a transeúnte, el robo a transporte, el robo a transporte público individual, la extorsión y va al alza, al igual que la violación, en los delitos del fuero común”.

Así es la dantesca realidad que viven los ciudadanos en México. Para ciertos sectores, la violencia es brutal en extremo, por ejemplo, hacia las mujeres. Se estima que en el país cada día se cometen unos 10 feminicidios. La propia titular de Seguridad, reconoció el alza en esta barbarie.

“En relación al feminicidio, este delito aumentó ocho por ciento respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior”, manifestó la funcionaria en Palacio.

Por eso es insostenible, además de irresponsable, el quimérico discurso oficial que dibuja un México exitoso en materia de seguridad. Es exactamente lo opuesto. El “bombazo” en Salamanca hace unos días muestra el nivel de violencia que impera en el territorio nacional. Asimismo, evidencia por enésima ocasión, el poder de los grupos del crimen organizado, esos a los que López Obrador recomienda abrazar pues “también son seres humanos que merecen nuestro respeto”.

La inseguridad es el principal reto del gobierno a resolver y la exigencia primaria de una sociedad que no soporta más vivir bajo el terror cotidiano de ser asaltado, agredido, extorsionado o privado de la vida. Ninguna sociedad puede progresar, aspirar a construir un mejor nivel de vida, si antes el Estado no es capaz de otorgarle la seguridad a la cual, por mandato constitucional, está obligado.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el pasado agosto, en la república mexicana se habían registrado 1,352,163 delitos. Por ello es imposible alardear de mejoras en seguridad o de una estrategia eficaz, cuando en los hechos ésta ha fallado de modo rotundo. Masacres, fosas clandestinas, y homicidios dolosos, son evidencia.

A la pésima táctica establecida por el gobierno federal para enfrentar la inseguridad, se agrega la desconfianza ciudadana en los cuerpos policiacos y en quienes son responsables de procurar e impartir justicia. La referida ENVIPE del INEGI así lo revela de manera puntual:

La confianza en los policías de tránsito es de sólo 47.2%; policía preventiva municipal 55.1%; Ministerio Público y Fiscalías estatales 57.7%; policía ministerial 57.7%; policía estatal 58.6%; jueces 60%; Fiscalía General de la República 65.2%. Es evidente que se confía muy poco en las autoridades.

Y esa desconfianza no es gratuita, tiene razón de ser. Durante décadas los cuerpos policiacos han operado –salvo honrosas excepciones- como auténticas cofradías de pandilleros para esquilmar al ciudadano de a pie, igual que lo hacen los agentes del Ministerio Público, los ministeriales y los jueces en una interminable cadena de corruptelas, ahí, donde la justicia tiene un precio oneroso.

Queda claro que la corrupción, efectivamente, no tuvo su génesis en el actual gobierno, se fortaleció en los muchos sexenios priistas y las dos gestiones del PAN. Sin embargo, en el régimen obradorista nada ha cambiado a pesar de su gastado y nada creíble discurso del combate al saqueo de los recursos públicos. Ahí están los casos documentados de los hermanos del señor presidente: Pio y Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo; la prima Felipa Obrador beneficiada con sendos contratos en Pémex. Familiares incómodos del mandatario.

Un entorno más que complicado y desesperanzador para los 126 millones de mexicanos. Hoy, lo que priva en el país es, además de una grave polarización social, un entorno pleno de inseguridad, violencia, muertes, masacres, fosas clandestinas, y un interminable catálogo de delitos. Los datos duros echan por tierra cualquier optimismo oficial respecto a la inseguridad. Ésta continúa siendo el infierno dantesco que lastimosamente padece el pueblo bueno y sabio al que se le prometió seguridad, armonía y un sistema de salud como el de los países nórdicos, es decir, casi el paraíso.

@BTU15

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