Benjamín TORRES UBALLE
En las surrealistas paradojas que se generan en México, hay unas que destacan en semanas recientes: las diversas humillaciones al Ejército. La extrañeza surge porque el gobierno obradorista ha consentido a las fuerzas armadas a más no poder. Les ha dado todo para garantizar su apoyo. Construcciones de obras emblemáticas, administración de aduanas y aeropuertos, son algunos de los “premios” a cambio de tener a los “machuchones” del Instituto armado contentos y en paz.
Incluso se confrontó con el gobierno estadunidense cuando este detuvo en el aeropuerto de los Ángeles, California, al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Debido a la fuerte presión de la administración de López Obrador, el militar fue dejado en libertad. Una pequeña muestra de hasta dónde llega la disposición del mandatario mexicano para defender a la cúpula castrense que en otros tiempos criticó a fondo.
La contradicción se da porque a pesar de las vastas concesiones a la jerarquía del Ejército, este permanece con las manos atadas para enfrentar a los numerosos grupos criminales. Así hemos visto como son agredidos físicamente, humillados y expulsados de regiones dominadas por el narco.
Últimamente, sedes militares han sido violentadas por grupos ligados al movimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. El pasado 13, esos colectivos vandalizaron instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, para lo cual usaron petardos y un camión para impactarlo contra las puertas de la sede. No hubo respuesta alguna de los soldados.
Un día después, otro cuartel fue atacado por normalistas de la Raúl Isidro Burgos. Tocó a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, ser objeto de la violencia mediante petardos y piedras, además repitieron el modus operandi usado en Chilpancingo y también incendiaron un vehículo automotor en el acceso del centro militar. Aquí tampoco existió respuesta.
Ambos ataques de los normalistas y asociados, quedaron impunes. Esto sentó un peligroso precedente. Los agresores comprobaron que el Ejército, por órdenes superiores, nada les iba a hacer. Se envalentonaron, mejor dicho, se empoderaron aún más quienes manipulan y lucran con la desaparición de los 43 normalistas. El gobierno del presidente López Obrador ha sido permisivo en extremo con tales personajes. Les tiene un terrible miedo patológico que no puede disimular.
Pero el resultado de permitirles toda clase de violencia y chantajes alcanzó dimensiones sumamente peligrosas. El pasado viernes, normalistas y pseudonormalistas encapuchados arremetieron en contra del Campo Militar No. 1, en la Ciudad de México. La estrategia no varió: piedras, petardos, derribo de rejas y letreros, de vallas, pintas y consignas fue el arsenal en la entrada número 1. El ataque dejó 13 elementos de la Sedena heridos, 5 de la Guardia Nacional y 21 de la SSC-CDMX.
Un hecho inédito en el principal cuartel de los militares. Jamás había sido quebrantado el respeto a dicha sede castrense. Hoy la nomenclatura dorada de las fuerzas armadas tiene privilegios como nunca quizá los imaginó en décadas recientes. Se les ha dotado de vastos recursos empero el costo es humillante. La tropa debe soportar ofensas y agravios y sujetarse a la estrategia de los abrazos y brazos cruzados, ser despojados de sus armas y uniformes, pero lo más ignominioso, ser despojados de su dignidad y honor como soldados. Todo, cortesía de las órdenes de su comandante supremo.
Parece que las cada vez más exorbitantes afrentas soportadas de manera obligada por los soldados no compensan los privilegios que recibe la jerarquía militar. Todo indica que desde Palacio Nacional les están aplicando la táctica de la zanahoria y el garrote. Hoy, también vemos a un general y otros oficiales en prisión acusados de haber participado en la desaparición de los estudiantes normalistas.
Hay que ver hasta cuándo y dónde están dispuestos a seguir recibiendo ultrajes. El Ejército y la Marina son dos instituciones que gozan de mayor confianza entre la población. El pero es que a la ciudadanía no le agrada ver como los soldados son desnudados, humillados o expulsados por el crimen organizado. La confianza se va perdiendo y entonces surge inevitablemente el desprestigio.
Claramente las fuerzas armadas se encuentran en un dilema, entre servir de manera leal al pueblo o incondicionalmente al jefe del Ejecutivo aunque deban sujetarse a órdenes absurdas y al militarismo que erosiona necesariamente a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hay un peligro enorme en ciernes si el Ejército –sus generales- sucumben al dinero, concesiones, “homenajes”, adulaciones, y la palabrería, demagogia y politiquería surgida en Palacio Nacional.
Por lo pronto, militares están señalados de participar en la desaparición de los alumnos normalistas. Vamos a ver si el nivel de la protección palatina al organismo castrense revierte las acusaciones que pesan sobre varios de sus integrantes y que ya están presos. La molestia al interior del Ejército por esa causa es grande y puede llevar a situaciones que se le salgan de las manos al Presidente.
STATU QUO
La columna publicada el pasado sábado en el periódico Reforma por la periodista Peniley Ramírez, confirma la participación de militares y funcionarios en la desaparición de los 43 normalistas. La revelación periodística provocó la ira de las huestes morenistas, empezando por Alejandro Encinas.
@BTU15
