Benjamín TORRES UBALLE
Uno de los mayores flagelos que padecemos los mexicanos es la profunda desigualdad: en la educación, en la justicia, para obtener un trabajo, en el trato y ya no se diga cuando de sueldos se trata. El abismo entre quienes viven en un México artificial —en más de las veces inmoralmente construido y diametralmente opuesto a la realidad de millones— es cada vez más profundo e insalvable para los millones de pobres en el país y una clase media pauperizada.
Por ello es que no sorprende el editorial del semanario Desde la Fe del pasado domingo, en el que la Arquidiócesis de México se lanza una vez más en contra del gobierno federal y sus abusos en el uso de los recursos públicos al afirmar: “(…) continúan los altísimos y abusivos salarios para la alta burocracia, indignantes y lesivos, frente a los ingresos del mexicano promedio que invierte más horas en el trabajo retribuido, con recursos cada más encarecidos y pesos menos valiosos ante el galopante ritmo de vida y el alza de precios de los artículos y servicios más indispensables”.
Es frecuente para quienes habitamos en esta saqueada nación enterarnos cada día de los excesos y libertinajes de los políticos y funcionarios, así como de todos aquellos que han hecho del saqueo al erario un impune modus vivendi tan obsceno como redituable.
“La percepción generalizada es de descontento frente a los abusos de la clase política, sentada sobre los filones dorados que representa el uso de los recursos públicos. No obstante la palabrería basada en promesas de austeridad, uso responsable y transparente de los recursos, los integrantes de los Poderes de la Federación y de los órganos autónomos siguen en el reparto indecente de recursos, haciendo del oficio político un gran negocio”, señala, sin ambages, la Arquidiócesis.
Y el gobierno no tiene el mínimo argumento para rebatir la acusación del Clero. La pregonada fantasía de la austeridad gubernamental sólo existe en el discurso demagógico de la clase política que no está dispuesta a perder uno solo de sus cuantiosos beneficios y los negocios que realizan bajo el amparo del poder y el manto protector de la complicidad e impunidad. Efectivamente, a eso llegan a los puestos públicos: a saciarse perversamente del dinero de los contribuyentes, a vivir en la opulencia a costa de los mexicanos. “(…) las percepciones a la alta burocracia son dignas de cortesanos, que parecen compensar a castas y no retribuir a empleados de una democracia”, lo ha señalado puntualmente el editorial de la iglesia católica.
Mas resulta necesario destacar que dentro de la nomenclatura que se ha apoderado del país, increíblemente existe una especie de privilegiados, una intocada estirpe a quien nadie se atreve a cuestionar o tocar. Como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han construido una especie de “Olimpo” muy alejado de los mortales, que sólo tienen la obligación ineludible de costear (vía impuestos) sus onerosas e injustificables prerrogativas.
“El caso de la Judicatura y del Poder Judicial de la Federación es especial porque, hasta en el papel aprobado, parece que sus funcionarios pasan la tabla que los diputados agregan sin modificación alguna al texto del decreto. El ministro presidente de la Corte tiene un sueldo base de más de 650 mil pesos mensuales, sin contar las prestaciones que elevan sus ingresos anuales en más de seis millones y medio de pesos”, precisa el multicitado editorial.
Irónicamente, el Arzobispado hace referencia a una muestra de cómo se las gastan los austeros y congruentes señores del Tribunal Supremo: “La desfachatez y desvergüenza de la tabla de la Corte todavía carga a los mexicanos prestaciones de risa como aquélla por concepto o estímulo del Día de la Madre, ascendiendo a la discreta cantidad de mil pesos”. Así de insultante es el comportamiento de uno de los poderes de la Unión: grotesco e inaceptable.
No obstante, la referencia de la jerarquía católica se amplía a varios sectores de la administración pública: “Onerosas compensaciones se otorgan a los órganos autónomos cada vez más en número y ávidas de recursos. El presidente de la CNDH, visitadores, consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Transparencia, titulares del INEGI y gobernador del Banco de México reciben salarios base superiores a los 200 mil pesos, sin contar la disposición de emolumentos extraordinarios que engordan más y más sus bolsillos, haciendo del poder público una auténtica mina de oro”.
Resulta imposible estar en desacuerdo con la severa crítica de la Arquidiócesis cuando concluye: “Con justa razón los ciudadanos están enojados ante la voracidad política y burocrática. En México hay profunda indignación por los más pobres, quienes no tienen ni lo mínimo para vivir. En este país se acentúan las desigualdades y es injusto el reparto de la riqueza que beneficia sólo a una clase sobre los millones de personas que jamás verán en sus vidas un salario como el de los burócratas y funcionarios mexicanos”. Sin duda, le asiste toda la razón.
Sólo queda una sana reflexión en el aire: ¿No está viendo la Iglesia católica mexicana la paja en el ojo ajeno? ¿Resistirían sus líderes un exhaustivo examen de austeridad, humildad y rectitud?
@BTU15
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