ANDARES POLÍTICOS: Un tercio del país, bajo control criminal

Benjamín TORRES UBALLE

Si alguien conoce con absoluta precisión lo que sucede en México, es el gobierno de los Estados Unidos. A través de sus diferentes agencias –DEA, CIA, FBI, entre otras- el acontecer de las actividades relevantes que son del interés norteamericano son monitoreadas de forma permanente. Nada escapa al escrutinio del Tío Sam. Con la vasta información recabada, hacen y deshacen.

Así que las afirmaciones del general Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, en el sentido de que el 35% de la república mexicana está controlado por los diversos cárteles del narcotráfico, no son gratuitas. Aunque tales declaraciones hayan causado ámpula en el gobierno obradorista, la realidad es que son prácticamente imposibles de refutar.

De modo escueto, el propio presidente López Obrador, cuestionado al respecto durante la mañanera del jueves último, sólo acertó a decir: “No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear”. El mandatario sabe perfectamente que en materia de seguridad, su estrategia ha fracasado rotundamente. 2019, primer año de su administración, se convirtió en el más violento desde que se lleva registro; el 2020, aun con la pandemia y el aislamiento social, estuvo también dominado por la violencia.

Sólo habían pasado horas desde la negativa presidencial a lo dicho por Glen VanHerck, cuando miembros de una de las bandas aludidas por el funcionario estadounidense emboscaron y masacraron a 13 elementos policiacos en el Estado de México. La barbarie fue un sonoro revés a las palabras de López Obrador. Las masacres – a pesar de las risas del tabasqueño- se han convertido en macabra actividad de las cada vez más poderosas organizaciones criminales referidas por EE.UU.

Lo sucedido en Coatepec Harinas, en la entidad mexiquense, es únicamente uno más de los sangrientos actos mortales generados por los cárteles. En la memoria colectiva queda la brutal agresión a la familia LeBarón en noviembre del 2019, donde acribillaron a 12 de sus integrantes entre los cuales se encontraban 9 menores de edad.

Y no muy distante, en junio del 2020, el jefe de la policía de La Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado a manos de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación –según lo afirmó el propio jefe policiaco- en las Lomas de Chapultepec, la emblemática y exclusiva zona residencial capitalina. El ataque y la logística del mismo, en plena mañana, mostró que los criminales no tienen respeto alguno por las autoridades y, por el contrario, las someten a punta de balazos.

Antes, el 14 de octubre de 2019, en Aguililla, Michoacán, 13 policías estatales perdieron la vida a manos de pistoleros en una emboscada. Además de los disparos con armas de alto poder, los uniformados fueron atacados también con granadas de fragmentación; varios tenían el tiro de gracia. Así, de manera cruel, se escribía otro capítulo de terror durante el nuevo gobierno.

En el mismo 2019, Minatitlán, Veracruz, fue testigo de otro hecho que horrorizó a la opinión pública. Mientras se realizaba una fiesta el 19 de abril, un comando irrumpió en el salón y ejecutó a 14 personas, incluido un bebé de escaso año de edad.

Cuatro meses después de esa tragedia, otra vez Veracruz. Esa ocasión en el municipio de Coatzacoalcos, los ríos de sangre corrieron nuevamente. Otro grupo armado ingresó al bar conocido como Caballo Blanco, atacó a los asistentes e incendió el lugar. La masacre dejó 30 muertos.

Resulta obligado no pasar por alto el tristemente célebre “culiacanazo”, uno de los episodios más vergonzosos para el presidente López Obrador, donde las fuerzas armadas fueron humilladas por el Cártel de Sinaloa, al obligar a que el Ejército dejara en libertad a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien había sido detenido por fuerzas castrenses. 

Falta agregar la ejecución de 26 hombres en un centro de rehabilitación a manos de un comando en Irapuato, Guanajuato; la brutalidad se realizó en julio de 2020.

Y la lista, de tan amplia, imposibilita detallarla toda en esta colaboración. Las descritas aquí, son algunas de las horrendas matanzas que suceden en la república mexicana ante la incapacidad de las autoridades en sus tres niveles y la resignación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que, en efecto, los grupos criminales impongan su ley y controlen cada vez más regiones del país.

En los hechos, hace tiempo que los capos del narcotráfico y demás actividades ilícitas, impusieron un “gobierno” paralelo con “ejércitos” perfectamente bien armados; donde cobran impuestos conocidos como “derecho de piso”; imponen candidatos y hasta jefes de policía; están metidos en muchos sectores de la economía; amenazan e intimidan. Su influencia es tal, que hasta el Presidente va hasta donde se encuentra la mamá de uno de los influyentes capos para saludarla de mano. 

Tienen razón los gringos. El narco domina una parte de México. Duele, y mucho.

STATU QUO

En su visita a Oaxaca, la entidad favorita de AMLO, éste anunció que la pensión universal para los adultos mayores será otra vez a partir de los 65 años en lugar de los 68 actuales y, de forma gradual, aumentará hasta llegar en el 2024, a unos seis mil pesos bimestrales.

Juagada oportuna del tabasqueño cuando faltan sólo 76 días para las elecciones. El golpe impacta de lleno a la cada vez más desdibujada oposición.

@BTU15

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