La reforma busca proporcionar a la población herramientas para reconocer las modalidades del delito, propiciar que los hechos sean reportados oportunamente y asegurar que la información obtenida sea canalizada a las instancias correspondientes
Con el objeto de contribuir en el ámbito de la prevención social, la coordinación interinstitucional y la organización administrativa, la LXVI Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual se reforma la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la entidad, para incorporar el Programa Especializado en Prevención y Combate a la Extorsión.
Con este decreto se consolida una política integral de Estado alineada al marco federal, articulada en tres ejes fundamentales de actuación: Prevención y protección; Atención y canalización; y Coordinación interinstitucional e interestatal.
Respecto al eje de Prevención y protección, se contempla la implementación de una campaña permanente de difusión, así como protocolos de capacitación y acompañamiento prioritario a micro y pequeños negocios, mercados públicos y prestadores de servicios turísticos.
En el eje de Atención y canalización, se prevé un mecanismo de orientación y atención telefónica coordinado con las instancias competentes para garantizar el registro, seguimiento y canalización oportuna de los reportes.
Por su parte, en materia de Coordinación interinstitucional e interestatal, se establece la vinculación permanente con las Mesas Regionales de Seguridad y Construcción de la Paz, la colaboración con el Gobierno Federal y otras entidades federativas para atender agresiones originadas fuera del territorio estatal, particularmente desde centros penitenciarios.
Asimismo, el decreto establece salvaguardas para garantizar la continuidad presupuestal y operativa del programa, siendo responsabilidad del Secretario Técnico rendir informes trimestrales desagregados por región, modalidad de incidencia, sector atendido, reportes recibidos y canalizaciones realizadas. Dicho informe será público y se enviará a la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado para su seguimiento, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
El dictamen, que adiciona los artículos 30 Bis, 30 Ter, 30 Quáter y 30 Quinquies del Capítulo Quinto de la citada Ley, fue elaborado por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil, tras la iniciativa presentada por la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Plural.
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