El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, informó que se inició un proceso de investigación por presuntas irregularidades en las operaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), entre 2014 y 2026.
Señaló que esto comprende a todos los OPLES del país, dependencias gubernamentales, a las empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionadas con esto.
«En materia del INE, estamos haciendo un trabajo exhaustivo con todas las instancias que tienen que ver con el combate a la corrupción, estamos trabajando de la mano con todos los organismos, incluido el Órgano Interno de Control, para llegar a las últimas consecuencias», aseveró.
En rueda de prensa, al término de la presentación de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025, el auditor explicó que, aprovechando las nuevas facultades de la ASF, se están haciendo auditorías integrales para revisarlo el 100 por ciento del gasto, lo que permite observar todo el comportamiento que se maneja en cualquier dependencia y el INE no es la excepción.
Explicó que el día de ayer se giraron 32 oficios para todas y todos los gobernadores, a fin de conocer la administración de las participaciones federales que llegan a los organismos públicos, para ver cómo se ejerce el recurso que corresponde a las participaciones del Ramo 28, y se hará un estudio pormenorizado desde el comportamiento del año 2000 a la fecha, para ver con qué cuentan los OPLES y exigirles que rindan cuentas también en función de posibles sobreprecios.
«Estamos haciendo un análisis que tiene que ver exactamente con estas posiciones de mercado que utilizan estos grupos empresariales, para no nada más poner los candados para participar en concursos públicos, sino que eso permite que tengan ganancias extraordinarias.
“En la relación de los privados, si hay conflicto de interés con servidores públicos que hayan intervenido en los nombramientos, y además estamos trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos».
Respecto a si se investigará la probable participación de dirigentes de partidos políticos, sostuvo que se tiene la obligación de revisar todo indicio, donde se pueda determinar que hay un conflicto de interés, un tráfico de influencias o que hubo un mal actuar de los funcionarios públicos.
«Entonces, podemos esperar resultados en estos meses que van a seguir, y prácticamente nuestro límite para presentar las denuncias que nos estamos poniendo es en el mes de febrero, los que corresponden a las auditorías integrales. Y lo que corresponde a las investigaciones, en el momento que lo detectemos, vamos a estar presentándolas y, obviamente, les vamos a dar vista a ustedes también».
Interrogando sobre las supuestas irregularidades detectadas en Nuevo León y Sinaloa, comentó que las investigaciones van avanzando y se informará a la ciudadanía y a los medios de comunicación las acciones a realizar y las determinaciones.
«Serán las autoridades competentes las que tengan a su bien tomar la calificación de las sanciones y proceder a las correspondientes».
El funcionario aseguró que se debe guardar la secrecía del debido proceso; no obstante, comentó, tienen mapeado cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llega directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados.
Agregó que una vez que van pasando las cadenas a través de las cuales administran los recursos, hay una dispersión con muchos patrones que nos dan indicación de que hay un posible acto ilegal para que todas estas transferencias de recursos vayan a caer en manos de personas cercanas o familiares de quienes tuvieron en su posición, pues digamos que intereses públicos.
Resaltó, en el caso de la denuncia penal, ya en el momento que se detecte un ilícito, acudirán a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia penal; es decir, ya no tienen que esperar que acabe el proceso de fiscalización que llevaba años.
Hernández Palacios refirió que las indagatorias a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de la realización del examen virtual de admisión que, derivado de diversas irregularidades, se tuvo que repetir de manera presencial, constituyen uno de los casos más representativos que ha llevado la ASF y tiene que ver con el futuro de las juventudes.
«Hemos tenido la mayor cooperación de las autoridades por parte de la UNAM e incluso hemos tenido la solicitud para intervenir por parte del rector, y eso no ha permitido establecer las responsabilidades que estaremos canalizando al tribunal administrativo para las sanciones correspondientes a los servidores públicos que intervinieron por alguna irregularidad u omisión».
Compartió que en este caso se ha utilizado un mecanismo nuevo, a fin de que no se borre la información de los servidores por parte de la empresa.
Sobre el caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, consideró que se deben aplicar todas las medidas que sean necesarias para hacer que se castigue a quienes tengan responsabilidad y que siempre se regrese el recurso público.
Finalmente, se pronunció porque se realicen reformas a las leyes que permitan a la ASF actuar de una manera más eficaz, tener la capacidad y los instrumentos legales para sancionar en el momento en que las irregularidades y contar con la capacidad resarcitoria para devolver los recursos que se hayan adquirido de manera ilícita.
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