Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
¡Por fin se aceptó que hay desabasto de medicamentos! Que la promesa de campaña (2018) de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, es una utopía y que el México real exige soluciones inmediatas, ante la pérdida de vidas por falta de atención, medicamentos e insumos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce que persisten problemas de desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionados con incumplimientos de proveedores y dificultades de distribución dentro de la institución.
Sin embargo, reconocer el problema no es suficiente. Los ciudadanos no necesitan diagnósticos presidenciales ni reuniones de seguimiento. Les urgen resultados verificables, medicamentos disponibles y explicaciones claras sobre las causas de una crisis que se originó en el sexenio anterior.
Una crisis sanitaria sin precedentes, que llevó a miles de personas en todo el país a marchar, varias veces, para denunciar el desabasto de medicamentos, principalmente oncológicos y exigir al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador dedicarle todos los recursos necesarios a la solución de este problema. Una angustia que el entonces, secretario de Salud, Jorge Alcocer, calificó de “exagerada”.
El colectivo Cero Desabasto ha estimado que en 2023 quedaron sin surtir efectivamente alrededor de 7.5 millones de recetas entre el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. La propia organización advierte que existen limitaciones para comparar los resultados, debido a que cada institución utiliza criterios y mecanismos de medición diferentes.
¿Cómo puede hablarse de un sistema de salud que protege a la población cuando millones de recetas terminan sin convertirse en tratamientos?
Hoy, en 2026, el problema continúa y los trabajadores del IMSS lo han hecho consigna en sus protestas: «No te vayas a enfermar, no tenemos material», como una crítica a la falta de insumos, medicamentos y recursos en hospitales públicos.
Lamentablemente, en el corto plazo no habrá soluciones. El gobierno sólo destina el 2.6% del Producto Interno Bruto a la salud. Se trata de una cifra mínima e insuficiente, en especial si se compara con otras naciones como Noruega en donde se destina el 8.7%, Alemania con el 9.5% y Estados Unidos con el 14.3%.
En México, la seguridad social está enferma de burocracia e indolencia. En la conferencia “mañanera” del 31 de marzo de 2026, el IMSS y el ISSSTE reportaron niveles de abasto cercanos al 97%. Sobre el papel, la cifra parece alentadora. Tres por ciento de desabasto podría presentarse como un margen reducido, una falla residual dentro de una operación nacional de enorme complejidad.
Sin embargo, para el paciente que recibe una receta sin surtir, ese 97% es un engaño del sistema que falla al cien por ciento y confirma que la salud no funciona como una estadística que pueda darse por buena mediante un promedio.
Para quien necesita un antibiótico, un medicamento para controlar la diabetes o un tratamiento indispensable para una enfermedad crónica, ese porcentaje no es un ideal: es la diferencia entre la vida y la muerte, es recibir atención o tener que buscar alternativas en el sector privado con recursos propios.
La salud no se mide con porcentajes. Se mide con tratamientos completos, enfermedades controladas y pacientes que no tengan que recorrer farmacias ni endeudarse para conseguir lo que deberían recibir en una clínica pública. El gasto familiar de los mexicanos se incrementó en un 42% por falta de acceso a la salud y el desmantelamiento del servicio en los estados.
El desabasto, no termina cuando el paciente abandona la farmacia institucional. En muchos casos, apenas comienza. La receta no surtida se convierte en un gasto inesperado para una familia, en una deuda, en una dosis omitida o en la angustia de quien debe elegir entre comprar medicamentos y cubrir otras necesidades básicas.
Así las cosas, ¿de qué sirve garantizar el abasto en los informes si, frente al mostrador y en los hospitales la medicina sigue sin aparecer?
Vericuentos
ONU desaparecidos México
La crisis humanitaria de las desapariciones en México, llegó a la Asamblea General de la ONU, donde el Comité contra la Desaparición Forzada advirtió que existen indicios bien fundados de que estos delitos persisten en México y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité, explicó que la conclusión se basa en información del Estado mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes recopilados desde 2012. Por ello, el organismo pidió considerar con carácter urgente la situación del país y analizar posibles mecanismos de cooperación internacional. La reacción del gobierno mexicano, para variar fue la de negar la gravedad del problema y rechazó la interpretación del Comité sobre el mecanismo de intervención internacional, aunque reiteró su disposición al diálogo y la cooperación. ¡Uff!
Cárcel por reclutamiento forzado
¡Por fin!, La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado de personas —incluyendo menores de edad y adultos— por parte del crimen organizado, con penas que van de los 10 a los 20 años de prisión. La exigencia ciudadana se atendió. Noemí Luna, diputada del PAN, destacó que al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada, por su parte, Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada del PRI, comentó que entre 145 mil y 250 mil menores y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, por lo que su protección debe estar por encima de cualquier diferencia política. ¡Vientos!
@guillegomora
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