Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
Una vez más, el México real se impone a la “politiquería”. La estrategia de “abrazos y no balazos”, falló de nuevo. Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA) en Baja California y Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, pagaron con su vida el haber denunciado la extorsión que agobia a los empresarios y comerciantes en el país.
No hay margen de negociación, el “impuesto criminal” avanza como la humedad en todo el sistema económico mexicano. Así lo denunció Julio Almanza: “Los empresarios somos rehenes de las bandas delincuenciales y el cobro de piso se ha convertido prácticamente en un deporte nacional”.
En efecto, los mexicanos nos hemos convertido en rehenes del crimen organizado, el “cobro de piso” se padece en todos los sectores económicos y productivos del país. Desde una parcela, una miscelánea, una tortillería, un puesto en un mercado público, los transportistas, hasta grandes corporativos.
Nadie se salva, de norte a sur del país las organizaciones criminales se disputan el territorio: el Cártel Jalisco Nueva Generación; el Cártel de Sinaloa; el Cártel del Golfo, Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Beltrán Leyva, Cártel Santa Rosa y Fuerzas Antiunión, se han convertido en un poder real ante la ausencia del Estado de Derecho.
Aquí, hemos denunciado el “narcoimpuesto” que impone el crimen organizado a los productores de limón y aguacate en Michoacán desde hace años. También hemos dado cuenta de las “cuotas” que pagan los transportistas en el Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Guerrero, para poder trabajar.
La extorsión es el quinto delito del fuero común que más se comete, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo de enero a junio de 2023, la tasa promedio nacional de ese delito fue de 3.85 por cada 100,000 habitantes, solo superado por el robo de vehículo, robo a transeúnte, robo a casa habitación y homicidio doloso.
En México registra niveles alarmantes con un impacto devastador en la economía del país. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que la inseguridad y la corrupción son los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas, pues el 51.3% de sus miembros ha sido víctima de algún delito.
Coparmex dio a conocer que, en el último año, los delitos con mayor prevalencia fueron robo de mercancía, dinero, maquinaria o equipo de la empresa en tránsito con el 25%, extorsión o cobro de piso con el 16% y robo de vehículo propiedad de la empresa con el 15%. Denunció que uno de cada dos socios ha sido víctima de algún delito en el último año.
Los casos de Julio Almanza y Minerva Pérez, son un ejemplo doloroso de los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar a los extorsionadores. Ni los políticos se salvan, hace tres años, Salvador Rangel Mendoza, obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, denunció el pago de derecho de piso de los gobernantes, en los tres niveles, en Guerrero.
Rangel Mendoza señalaba que las entradas de dinero por parte del crimen organizado en esa entidad, están en las minas (extorsión) y en los presupuestos asignados a los municipios. Sí, el narco cobra su cuota de apoyo político en el “triunfo inducido por el R-15”.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, me confirmó que la extorsión ha crecido alarmantemente. En particular, el fenómeno de la extorsión presencial con el cobro por derecho de piso. Este tipo de extorsión se asocia con métodos de manipulación en los mercados que obligan a los comerciantes a vender ciertos productos o seguir rutas específicas bajo amenaza de violencia.
Rivas, advierte que, “la extorsión presencial produce una pérdida del control territorial pues queda en mano de los delincuentes, no del estado». Sostiene que las consecuencias de este delito impactan en el tejido social y económico pues al “controlar a comerciantes, transportistas, productores, se genera una red de complicidad, de control en ese territorio que lleva a homicidios, tráfico trata de personas, narcomenudeo y desplazamiento forzado”.
Francisco Rivas, asegura que la extorsión ha llegado a generar ganancias criminales incluso superiores a las del narcotráfico, ya que es el delito que más ha crecido y registra un 98% de impunidad al no denunciarse o investigarse. Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales, en 2021, se registraron cinco millones de extorsiones y las autoridades policiacas sólo reconocen 8,818 casos.
Así las cosas, la extorsión se ha convertido en la ley del miedo, ante unas autoridades incapaces, omisas e indolentes y en algunos estados del país cómplices de los delincuentes. En el México real, el crimen organizado y corrupción van de la mano de la impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando la factura con vidas humanas y restricción de libertades?
@guillegomora