Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
Las estampas de impunidad se repiten a lo largo y ancho del país; la toma de casetas y el bloqueo a las vías férreas se han convertido en un negocio redondo. El motivo es lo de menos. El gobierno ha sido superado y el Estado de derecho atropellado.
Impera la ley de la selva, los canales para amortiguar el hartazgo social no funcionan, diversas organizaciones que se escudan en algunas causas fachada, como la magisterial, sindical, presos políticos, normalistas, campesinos o estudiantes, bloquean vías de comunicación, secuestran camiones o toman casetas.
Nadie se los impide, la Guardia Nacional (GN) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), observa como se exige la “cooperación voluntaria” a automovilistas, quienes acceden ante el temor de verse agredidos. Atestigua como vacían los contenedores de los trenes. La autoridad se convierte en cómplice de estos salteadores del siglo XXI.
Hasta el momento hay 31 trenes y 30 locomotoras detenidos en diferentes puntos del país y se han registrado dos robos de mercancía a trenes varados por los bloqueos de normalistas y maestros en Michoacán. Los daños al sector productivo ascienden a 900 millones de pesos.
En lo que va del año el bloqueo en las vías carreteras registra pérdidas por 3,100 millones de pesos, según Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) Afirma que “se toman unas 20 casetas diarias y algunas lo están de forma permanente.
Los afectados por el “Huachicol carretero” estiman que el impacto podría llegar a los 4 mil millones de pesos de aquí a fin de año, si las cosas continúan a este ritmo. Lucía Meza Guzmán, senadora por Morena, reveló que, en 2019, Capufe y el Fondo Nacional de Infraestructura, (Fonadin) dejaron de percibir 3 mil millones de pesos por ésta práctica.
La senadora asegura que en la caseta de Tlalpan se pueden recaudar hasta 200 mil pesos en tan solo tres horas; La semana pasada la policía de Morelos, implementó un operativo para liberar dos casetas en donde se logró la detención de 78 personas que tenían en su poder 600 mil pesos. ¡Vaya Negocio! ¿Quién gana?
La Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer que detrás de la violencia en la toma de casetas en Morelos está el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, que pagó aproximadamente 1,500 pesos a decenas de personas para tomar las casetas. Uno de los líderes identificados es Eduardo Vidal, alias ‘El Caña’, integrante de este grupo.
Otras de las organizaciones dedicadas a la extorsión en las casetas de cuota son “Resistencia Civil Pacífica” y “Zapata Vive” vinculados a la activista Kenia Hernández, detenida en una cárcel de Guerrero, acusada de ataques a las vías de comunicación.
De modo que, estamos ante un problema de seguridad nacional para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tema dejó de ser una protesta social, el crimen organizado estableció un Estado paralelo en las carreteras del país, de ahí el nombre del “huachicol carretero”.
El presidente López Obrador anunció la aplicación del operativo “Caseta Segura”, afirmó que la Guardia Nacional entraría a liberar las casetas tomadas. Sin embargo, en un oficio fechado el 5 de octubre dirigido al coordinador de carreteras e instalaciones para la Ciudad de México, indica que el personal de la Guardia Nacional no debe inmiscuirse en movilizaciones sociales de toma y bloqueo de casetas de peaje, así como actividades de boteo.
¿Ignora que la toma de casetas es un delito federal y se castiga con cárcel, debido a que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y operadores, atenta contra la competitividad nacional y el bienestar social de la población?
¿Dónde queda el Estado de Derecho? Los grupos delincuenciales se disfrazan de causa social, extorsionan a la ciudadanía, roban a los concesionarios y viven impunemente.
Mirar para otro lado, tolerarlo, no resolverá el añejo problema, por el contrario, fortalecerá a la delincuencia organizada, que se ha metido como la humedad en los tres niveles de gobierno y opera a su antojo en el sistema político y de seguridad nacional.
Rumbo al 2021, el gobierno de la #4Transformación debiera tener presente que la seguridad pública también se evalúa en las urnas.
Vericuentos
Congreso – Covid-19
Muerto el senador por Morena, Joel Molina, víctima de Covid-19, la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ricardo Monreal, acordó (tapar el pozo) establecer medidas de control con pruebas PCR y nuevas reglas de operación y horarios para las sesiones. ¿Ahora sí creen que la pandemia existe? En la Cámara de Diputados, hasta el momento, 14 personas, entre personal y un legislador del PES, han muerto por coronavirus. En México casi llegamos a las 90 mil defunciones. ¡Hasta que reaccionaron!
@guillegomora
