Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
México envejece y el futuro de nuestro bono demográfico está en manos del crimen organizado. La muerte de “El Chuchito Nini”, un joven sicario de apenas 15 años que portaba y presumía armas de alto calibre, evidencia el reclutamiento de menores al servicio del crimen organizado.
Ejemplos sobran, la historia reciente registra niños sicarios; niños halcones; niños autodefensas; narcomenudistas; asaltantes; payasitos de cruceros, e infantes prostituidos. Las inequidades golpean de lleno su vida, la pobreza sigue siendo un motivo para incorporarse a grupos armados y garantizar un ingreso que les permita comida diaria.
Los menores mexicanos son víctimas de un estado y sociedad que les vulneran todos sus derechos. Un sistema sometido por la impunidad, la corrupción y la ausencia de protección que los expone a un clima de violencia. Aunque no existen cifras oficiales, la Red por los Derechos de la Infancia estima que hay entre 30 mil y 35 mil menores reclutados, anualmente, por la delincuencia.
Los niños sicarios, son nuestra vergonzosa realidad. Que uno de cada 10 niñas y niños de entre 13 y 15 años haya reportado haber sido contactado por grupos criminales es una cifra aterradora, convierte el problema en una emergencia nacional. Los datos deberían sacudir al gobierno, al Congreso y a toda la sociedad. No deben ocultarse detrás de estadísticas de programas sociales.
Desde 2011 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado mexicano tipificar como delito, el reclutamiento de menores. Hay más de 100 iniciativas de ley que se han presentado en éstos 15 años y ninguna ha sido aprobada.
No estamos hablando solamente de delincuencia. Estamos hablando de niños que deberían estar en un salón de clases, jugando, aprendiendo, construyendo sueños y pensando en su futuro, pero que en México son vistos por el crimen como una reserva de mano de obra.
El Dr. Irving Rosales, académico del Departamento de Economía, en la Universidad Iberoamericana, advierte que, en contextos de pobreza e instituciones débiles, algunas familias ya no enfrentan únicamente el dilema de mandar a sus hijos a la escuela o ponerlos a trabajar, pues existe una tercera posibilidad, mucho más peligrosa: que terminen incorporándose a actividades ilegales.
Durante el foro “Incidencia y análisis de políticas públicas relacionadas con las infancias”, organizado por la Iberoamericana, Rosales, presentó su modelo teórico que identifica dos factores decisivos: la calidad de la educación, que determina si estudiar representa una posibilidad real de mejores ingresos futuros, y la fortaleza del Estado de derecho, que incide en qué tan rentable puede resultar una actividad ilegal frente al trabajo.
Un planteamiento que debería ocupar el centro de la discusión pública. Porque cuando el crimen organizado puede ofrecer a un adolescente dinero, pertenencia, protección, reconocimiento o simplemente una salida frente a la precariedad y el Estado sólo le ofrece promesas, discursos y programas fragmentados, la batalla empezó con una enorme desventaja.
El crimen no necesita reclutar en las escuelas si las condiciones sociales ya le abrieron la puerta. Y ahí está la verdadera tragedia social y el gran desafío para el gobierno y sociedad.
¿Qué significa que un niño de 13, 14 o 15 años sea contactado por un grupo criminal? Significa que alguien lo está buscando. Que existe una estructura criminal capaz de identificar su vulnerabilidad. Que hay un territorio donde las instituciones no están llegando a tiempo. Y, sobre todo, que hay una infancia que está creciendo bajo la amenaza de convertirse en víctima o victimario.
No basta con decir que esos menores deben alejarse del delito. La pregunta incómoda es: ¿qué está haciendo el Estado para impedir que el crimen sea, para ellos, una opción?
Durante años, México ha discutido la inseguridad casi exclusivamente desde la perspectiva de policías, militares, armas, operativos, detenciones y enfrentamientos. Pero pocas veces se coloca en el centro del debate a quienes representan el futuro de este país: las infancias y adolescencias.
El crimen organizado sí lo hace. Entiende que reclutar a un menor significa ganar tiempo, territorio y una nueva generación de operadores. Sabe que la vulnerabilidad económica, el abandono escolar, la violencia familiar, la falta de oportunidades y la ausencia institucional pueden convertirse en instrumentos de reclutamiento.
Los más de 30 mil menores presuntamente involucrados en alguna forma de crimen organizado no deberían ser tratados como una cifra más. Cada número representa una historia. Una familia. Una escuela abandonada. Una oportunidad perdida. Una infancia interrumpida.
Así las cosas, la discusión sobre el presente y futuro de las infancias, tiene que convertirse en una prioridad presupuestal y política. Porque una nación que no protege a sus niños termina pagando la factura cuando crecen.
México no puede darse el lujo de perder una generación frente al crimen. La disputa por el futuro del país también se libra en las escuelas, en las colonias, en las comunidades y dentro de cada familia vulnerable.
Y si el Estado no ocupa esos espacios con educación, oportunidades y seguridad, alguien más lo hará. Ese alguien ya está tocando la puerta. Y se llama crimen organizado.
Vericuentos
Cobro de piso a maestros
Ni los apóstoles de la educación se salvan de ser extorsionados, al igual que en las zonas rurales de Guerrero, ahora en comunidades de las Altas Montañas de Veracruz, particularmente en regiones de Orizaba y Amatlán, 20 maestros han denunciado amenazas, extorsiones y casos de «cobro de piso”. El secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López, denunció el problema y aseguró que algunos docentes han sido retirados de manera temporal de sus centros de trabajo. En Guerrero, educar y estudiar se ha transformado en una actividad de alto riesgo. En algunas zonas de Acapulco maestros y alumnos deben pagar “derecho de piso”, al crimen organizado, para poder estudiar, ante un gobierno que no logra garantizar la seguridad de los menores ni de los docentes. ¡A dónde vamos a parar!
@guillegomora
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