CALEIDOSCOPIO: México bajo fuego

Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ

El México bárbaro y el México bronco se confrontan. Nada, ni nadie, detiene la creciente espiral de violencia que consume cientos de vidas todos los días. El terrorismo registrado en el norte y centro del país evidencian, una vez más, la estrategia fallida de seguridad nacional.

¿En qué momento perdimos al país? Como si se tratara de una pesadilla, todos los días amanecemos con un nuevo escándalo en materia de corrupción, asesinatos, capturas de narcos o surgimiento de nuevos cárteles. Los mexicanos nos hemos vuelto rehenes de estos flagelos que han destruido nuestro tejido social y el Estado de derecho.

México duele y urge un golpe de timón. Pasamos de una declaración de guerra (2006), a un pacto de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, la epidemia de violencia en México no tiene freno. Mayo cerró como el mes más violento en lo que va de 2022. Se contabilizaron un total de 2,472 homicidios dolosos, en promedio por día se registraron 79.7 muertes violentas.

No obstante, a pesar de las cifras de inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que mantendrá su plan. “No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron, y que los errores en política son como crímenes en el mejor de los casos, son nuestros adversarios”

Siempre culpando al pasado. Omite que, en los 42 meses de su administración, se han registrado 121,655 homicidios y feminicidios. Esto equivale a un promedio de 2 mil 896 personas asesinadas cada mes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En efecto, hay más de 120 mil casas donde hay un cuarto vacío, duelos sin sus desaparecidos, que nos recuerdan todos los días la gran deuda social del Estado mexicano ante la falta de procuración e impartición de justicia. De cada 100 delitos cometidos sólo se denuncian 5 y de éstos sólo 2 llegan a recibir sentencia condenatoria. Sufrimos una impunidad de 98%.

Al respecto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la seguridad pública es uno de los pendientes en el país y consideró importante revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Monreal, dijo que es perfectible y que ante la inseguridad se debe robustecer la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

El senador morenista destacó que “no hay tarea más urgente ni más importante que atender el reclamo del pueblo por recuperar la tranquilidad en su vida familiar y personal, y gozar de un entorno de paz, con seguridad y confianza”. 

Ojalá y lo escucharán en Palacio Nacional, donde la promesa de campaña de López Obrador de pacificar el país está lejos de cumplirse. Masacres, desplazados, desaparecidos, feminicidios y asesinatos de periodistas se han convertido en una peligrosa cotidianidad.

Tan sólo el 2021 cerró con al menos 62 masacres y 436 muertos en 16 entidades del país, de acuerdo con reportes periodísticos y datos de las Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías locales.

Los grupos del crimen organizado nos han tomado como rehenes en sus “ajustes de cuentas” o en sus peleas por el control del país.  Es un poder fáctico que opera en todo el territorio nacional. El actual gobierno reconoció la existencia de 37 cárteles o grupos delictivos.

“Gente buena y trabajadora”, como los llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita al “Triángulo Dorado”, en Sinaloa. Entre los más relevantes están el “Cártel de Sinaloa” que registra actividad en al menos 17 estados y el “Cártel Jalisco Nueva Generación” que tiene presencia en 22 estados de los 32 que conforman la república mexicana.

El crimen organizado dejó de ser un tema policial, se convirtió en uno de seguridad nacional. El general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que controla entre 30 y 35% del territorio en México (se quedó corto). La delincuencia participa en el sistema político, económico y judicial.

Vivimos una crisis de ingobernabilidad. Prueba de ello es lo dicho por Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana por Morena, tras los ataques y la quema de transporte público en Baja California. Pidió al crimen organizado “cobrar facturas” a quienes no le pagaron y no actuar en contra de la población civil. Sí, la extorsión, “el derecho de piso”, se paga a veces con la vida.

Una declaración brutalmente cierta, que legítima públicamente la actividad económica y el uso de la coerción por parte del crimen organizado en contra de los ciudadanos.

México está bajo fuego. Es una desestabilización coordinada con ataques directos a la población. Es inédito. ¿Será que el pacto de “abrazos no balazos”, incluya este caos para militarizar al país?

En política no hay coincidencias, el decretazo presidencial para incorporar la Guardia Nacional al Ejército y la reforma a sus leyes secundarias para que se prolonguen la presencia de soldados y marinos en las calles. No es casualidad. La #4Transformación pretende entregar la seguridad pública a los militares, violando la Constitución.

Pareciera que la fuerza del Ejército es la única solución. Sin embargo, colocar un policía en cada esquina no es suficiente y tampoco efectivo. La descomposición del tejido social exige algo más que militarizar la seguridad nacional.

@guillegomora

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