Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
Nuestro país está de nuevo en la mira del “Tío Sam”, la entrega-captura y las revelaciones de Ismael “El Mayo” Zambada, como mediador en conflictos políticos en Sinaloa y escoltado por el comandante de la Policía Judicial estatal, confirman las recientes afirmaciones del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump: “El problema es que México está petrificado ante los cárteles, podrían quitar al presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México”.
El ex presidente estadounidense no es el primero en asegurarlo, antes, Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México y el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte estadounidense, afirmaron que entre 35 y 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Y se quedaron cortos.
No se necesita de mucha ciencia para confirmar sus dichos, basta mirar a nuestro alrededor para ratificarlo. En los últimos años, la dupla: crimen y política; narco y política, se ha convertido en una constante en el quehacer del gobierno y afecta la paz social, como ha sucedido en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz, Zacatecas y Chiapas entre otros estados.
En México, el crimen organizado dejó de ser un tema policial se convirtió en uno de seguridad nacional, en particular el del narcotráfico. Pasamos de una declaración de guerra, a un pacto de “abrazos, no balazos”. Tienen el control del poder político a través de personeros que representan sus intereses y les deben el cargo, bajo la consigna de ¿plata o plomo?
El crimen organizado es un poder fáctico que opera en el territorio nacional. En Guerrero, Morelos, Michoacán, Colima, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas, entre otros estados, la narcopolítica se ejerce sin tapujos para favorecer a los criminales. Ellos controlan el poder. En los procesos electorales su voto no lo realiza en las urnas, lo hace sentir en la selección o “imposición” de los candidatos.
El actual gobierno federal reconoció la existencia de 37 cárteles o grupos delictivos que operan en el país. Entre los más relevantes están el “Cártel de Sinaloa” que registra actividad en al menos 17 estados y el “Cártel Jalisco Nueva Generación” que tiene presencia en 22 estados de los 32 que conforman la república mexicana. Ambos grupos criminales extienden su cobertura a Estados Unidos y otras naciones.
Por lo que toca al narco y la prensa, a los periodistas los matan porque investigan y por lo que publican, ahí está el caso de Javier Valdez Cárdenas, periodista de Sinaloa y Miroslava Breach, corresponsal del diario “La Jornada” en Chihuahua; los asesinaron por “lengua larga”, según decía una cartulina que dejaron los sicarios en la puerta de la casa de la colega.
Incluso, la ausencia del Estado de Derecho en el país, confrontó al poder espiritual con el poder político. En el México real agobiado por la violencia, Obispos y sacerdotes destacados en Guerrero y otros estados negocian y pactan con capos del narco, “treguas”, ante la inacción del Gobierno para recuperar la paz social.
La promesa de campaña de López Obrador de pacificar el país está lejos de cumplirse al final de su sexenio. Masacres, desplazados, desaparecidos, feminicidios, extorsiones, y asesinatos de periodistas se han convertido en una peligrosa cotidianidad, por la fallida estrategia de seguridad o “alianzas” con el crimen organizado.
Hoy, el verdadero poder se ejerce desde estructuras de facto de origen criminal. En el México real, el narco y corrupción van de la mano de la impunidad que se brinda desde el gobierno. Plata o plomo es la primera aduana que debe librar quien busca acceder al poder.
Vericuentos
Monreal y la Reforma PJF
Comenzó la cuenta regresiva para la Reforma al Poder Judicial de la Federación, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la aprobación de será en septiembre para que se publique en el Diario Oficial de la Federación antes de que concluya el mandato del presidente López Obrador. El zacatecano, argumentó: “Nuestro movimiento tiene un mandato popular claro, otorgado legítimamente en las urnas”. Bajo esta premisa, Morena y aliados aplicarán la aplanadora legislativa, no sólo para este proyecto, Monreal dijo que se buscaría sacar todas las reformas constitucionales durante el Primer Periodo de Sesiones, es decir: “cinco en septiembre, cinco en octubre, cinco en noviembre y cinco en diciembre”. ¡Tómala!
Marea Rosa vs. Sobrerrepresentación
Regresó a la calle la “Marea Rosa” con la finalidad de exigir al Instituto Nacional Electoral (INE) que no dé sobrerrepresentación a Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado para la próxima legislatura. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, asegura que Morena y aliados se quieren “robar” 10 millones de votos. En este sentido el ex Consejero Electoral, Marco Antonio Baños, sostiene que: «con un 54.7 por ciento de votos, darle el 75 por ciento a Morena y su alianza es contrario a los principios de la democracia mexicana». Por su parte, Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Federal Electoral, advirtió que esta reconfiguración del Congreso mexicano representaría “una distorsión de la voluntad de los ciudadanos”. ¡Sopas!
@guillegomora