Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
Bajo la consigna: “Sinaloa está de pie” Culiacán volvió a vestirse de blanco para exigir lo que debería ser un derecho elemental: vivir en paz. Es el grito de una sociedad que se niega a morir, que recuerda y exige respuestas porque detrás de cada cifra de violencia, hay una familia que espera, una madre que busca, un hijo que no regresa y una sociedad que lleva dos años pagando con miedo la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
La marcha no fue un acto de nostalgia por un estado que alguna vez conoció la tranquilidad. Fue una denuncia contra la normalización de la tragedia. Más de 3 mil asesinatos y aproximadamente 6 mil desapariciones, de acuerdo con las cifras planteadas para esta movilización, no son el saldo inevitable de una disputa criminal. Son la evidencia de una emergencia que ha desbordado la capacidad de las instituciones para proteger a la población.
A las siete de la mañana, familias, jóvenes, colectivos de búsqueda y representantes de distintos sectores de la sociedad se reunieron para participar en una misa y después caminar por las calles de la capital. Vestidos de blanco, con globos, pancartas y fotografías de quienes ya no están, los sinaloenses hicieron visible una verdad que el poder suele intentar esconder detrás de comunicados, operativos y promesas: la violencia no se mide únicamente en muertos, sino en la vida que les arrebata a los que siguen vivos.
Porque una desaparición no termina cuando se pierde el rastro de una persona. Comienza entonces una condena para sus familiares. La incertidumbre se instala en la mesa, en el teléfono, en cada recorrido. La esperanza convive con el agotamiento y la impotencia. Mientras tanto, el Estado parece pedir paciencia a quienes llevan meses o años esperando respuestas.
El problema más grave, sin embargo, no es únicamente la violencia que se acumula. Es la posibilidad de que deje de escandalizarnos.
Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex, en Sinaloa, expuso la transformación silenciosa que ya se apoderó de la vida cotidiana. “Hoy avisamos cuando llegamos, preguntamos por dónde vienen nuestros hijos y nos preocupamos si alguien tarda”. No se trata de una precaución pasajera. Es una forma de vivir bajo vigilancia permanente, de revisar horarios, rutas y mensajes, de convertir cada traslado en una posible amenaza.
“Hemos aprendido a vivir con una angustia que antes no se formaba y eso duele”, señaló. Esa frase debería retumbar en los escritorios de quienes toman decisiones. ¿Qué clase de normalidad es aquella en la que una madre necesita confirmar que su hijo llegó a salvo? ¿Qué futuro puede construirse cuando la libertad de salir, trabajar, estudiar o visitar a la familia depende de la hora y del lugar?
La advertencia de la dirigente empresarial es demoledora: que algún día una desaparición, una muerte, una balacera o una familia rota ya no nos conmueva. Ese es el triunfo más perverso de la delincuencia: no solamente arrebatar vidas, sino acostumbrar a la sociedad a vivir con el miedo como si fuera una condición natural.
La protesta de Culiacán exhibe, además, una fractura profunda entre la sociedad y el poder. Cuando los ciudadanos tienen que salir a las calles para exigir que se les permita vivir, algo esencial está fallando. Y cuando las autoridades responden a ese reclamo con silencio, evasivas o explicaciones burocráticas, la distancia se convierte en abandono.
Los sinaloenses no están pidiendo privilegios. Están reclamando el derecho a regresar a casa, a no despedir a sus hijos con la incertidumbre de si volverán, a trabajar sin extorsiones y a caminar sin escuchar disparos. Están pidiendo que las fotografías de los desaparecidos no se conviertan en parte del paisaje urbano, como si fueran anuncios permanentes de una tragedia sin solución.
Así las cosas, las calles de Culiacán dejaron este domingo un mensaje que ningún gobierno debería ignorar: la sociedad está cansada de sobrevivir y exige volver a vivir.
Vericuentos
INE población vulnerable
¡Por fin! El consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona, propuso transformar las cuotas de acciones afirmativas en espacios que beneficien directamente a los grupos en situación de vulnerabilidad y no se limiten a garantizar candidaturas individuales con las lucran los partidos políticos. Su planteamiento busca que las candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad no solo cumplan con porcentajes, sino que ocupen espacios competitivos, tanto plurinominales como uninominales. Además, planteó que quienes sean postulados cuenten con respaldo democrático de las comunidades que representan, mediante consultas, encuestas o alianzas sociales. ¡Vientos!
@guillegomora
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