Rosy RAMALES
En una sesión marcada por la fractura entre Morena y el PT, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó durante la madrugada de este jueves la minuta de reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Federal, el llamado «Plan B» de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual obtuvo una votación de 31 votos a favor y cero en contra.
A pesar de la coincidencia en el tablero de votación, el ambiente en la tribuna fue de confrontación abierta entre diputados y diputadas de Morena y el PT, partidos aliados a nivel nacional, pero que en Oaxaca se han distinguido por su rivalidad. Así que la breve sesión evidenció una vez más la ruptura en el estado entre ambos partidos políticos.
Intercambiaron acusaciones de traición a los principios de «no mentir, no robar y no traicionar» que sostiene la llamada Cuarta Transformación.
El debate escaló cuando legisladores de Morena recriminaron al PT su rechazo a la primera iniciativa de reforma electoral constitucional de la presidenta Sheinbaum; señalaron que, aunque el PT apoyó el llamado «Plan B», lo hizo condicionando su voto a la mutilación de los procedimientos de Revocación de Mandato.
Por su parte, la bancada del PT respondió con dureza, acusando a Morena de traicionar los ideales del movimiento mediante «excesos» en el ejercicio del poder y el gasto público, afirmando que la verdadera esencia de la transformación no reside en la hegemonía de un solo partido.
El decreto aprobado busca reducir los privilegios del poder público y establecer mecanismos de control democrático más estrictos. Entre los cambios más significativos destacan:
El artículo 115 ahora establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de quince regidurías. Estas deberán cumplir estrictamente con los principios de paridad de género vertical y horizontal, garantizando la igualdad sustantiva en el acceso al poder.
Bajo la reforma al artículo 116, se impone un límite al gasto de las legislaturas locales. A partir de ahora, el presupuesto anual de los Congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad federativa.
La modificación al artículo 134 prohíbe que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales superen el tope establecido para el Ejecutivo Federal (Art. 127). Asimismo, queda prohibida la contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos mayores, de vida, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales que no estén expresamente previstas por la ley.
Los recursos públicos generados por estos ahorros no se diluirán en el gasto corriente, sino que deberán ser reasignados hacia fines de interés social.
La normativa contempla disposiciones transitorias para que la implementación de estas medidas sea progresiva.
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