Congreso de Oaxaca quiere cambiar al «Ifaicito»

Proponen nuevo Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno

Según la propuesta de ley, dicho órgano autónomo sustituiría al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Diputadas y diputados que integran la LXIV Legislatura del Congreso Local, presentaron al Pleno una iniciativa, con proyecto de decreto, por la que se busca sustituir el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el Órgano Garante de Transparencia Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.

La propuesta de ley que busca reformar el apartado C del Artículo 114 C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tiene como objetivo que la sociedad oaxaqueña pueda contar con un nuevo órgano autónomo que responda a las exigencias sociales, en materia de transparencia, en el uso de recursos públicos y combate a la corrupción.

De igual forma que vigile el cumplimiento de las nuevas reglas de buen gobierno, funcionando como un ente autónomo del estado: especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto.

Además, el Órgano Garante de Transparencia Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, deberá contar con la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

También, será responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas de buen gobierno.

En la exposición de motivos, se señala que la transparencia es una herramienta fundamental del buen gobierno, la cual basa su enfoque principalmente en: gobierno abierto, rendición de cuentas y datos abiertos.

Se asume el significado de Gobierno Abierto como: un nuevo modelo de interacción social y política, que se constituye como una estrategia para el diseño, implementación, control y evaluación de políticas públicas, para procesos de modernización administrativa que ubica al ciudadano en el centro de atención o prioridad.

Mediante este nuevo ente autónomo, los beneficios políticos y sociales serían: el incremento de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos ante la ciudadanía, así como mayor participación ciudadana en el debate sobre políticas públicas, al disponer de todos los datos que refleja la acción de las autoridades gubernamentales.

Otros beneficios que traería dicha reforma, es la mejora del rendimiento y la capacidad de innovación de los gobiernos por distintas vías, dentro de ellas: el control sobre lo que hace el gobierno, facilidad para encontrar mejor uso a los recursos y mejora de los servicios públicos.

El documento precisa que un estudio de percepción ciudadana sobre la corrupción a nivel internacional, realizada hace dos años, ubicó a México como el país número 28 en la lista de países que cometen mayores actos de esta naturaleza. Lo anterior, a pesar de que la legislación mexicana está catalogada, dentro de estos mismos indicadores, como la más avanzada en el mundo en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La iniciativa de los y las diputadas fue turnada a la Comisión permanente correspondiente para su análisis y dictamen correspondiente.

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