REDACCIÓN
Tajante y desde la tribuna, la diputada local de la fracción parlamentaria del PR Martha Alicia Escamilla León que la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (COTAIPO) “no garantiza la transparencia, por lo que la opacidad en el gobierno estatal y los gobiernos municipales sigue prevaleciendo”.
Por esa razón, dijo, “se hace necesario hacer una revisión minuciosa del marco constitucional y legal para hacer efectivo ese derecho de la ciudadanía”.
En ese sentido, propuso reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, e invitó a las diputados y a los diputados de las distintas filiaciones políticas a participar en su propuesta “para que a partir de su enriquecimiento y discusión” puedan “procurarle normas de avanzada” a la población oaxaqueña.
Porque si bien, en Oaxaca desde el año 2007 se establecieron una serie de reformas constitucionales tendientes a garantizar la transparencia como elemento imprescindible de la democracia, pasando por la reforma del 2011, que dio origen a la COTAIPO, “desafortunadamente no se han tenido los resultados esperados”, contextualizó la legisladora.
Previamente, dijo que “la rendición de cuentas es en la actualidad un presupuesto fundamental de la democracia y más aún, es un requisito sine qua non de toda sociedad que se jacte de cumplir y exigir los requisitos y mecanismos que establece la constitución para estar informados. (Y) esa ruta evolutiva ha sido acogida en los regímenes democráticos contemporáneos en donde cada vez se buscan acrecentarlos y eficientarlos.”
En concordancia con ello, en el Gobierno Federal (añadió Martha Alicia Escamilla) “se han promovido una serie de reformas constitucionales que tuvieron acogida en los diferentes poderes y con los que se busca adecuar el marco constitucional en la materia, reformas que fueron publicadas el 7 de febrero de éste año, y que establecen una serie de obligaciones concretas a las entidades federativas en la materia, por ello resulta imprescindible revisar y adecuar nuestro marco constitucional y jurídico.”
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