Rosy RAMALES
Juan Antonio Vera Carrizal fue detenido en el 2020 como presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, el 9 de septiembre del 2019 en el municipio de Huajuapan de León, en la región de la mixteca oaxaqueña.
Y desde el principio el caso lo envolvió la maraña, empezando porque nadie escuchaba la voz de auxilio de Malena hasta que (con la ayuda de su hermana) mediatizó y viralizó en redes sociales su agresión; también la respaldaron ONG´s.
Solo así, a base de presión social y hasta tres meses después de la agresión, el entonces gobernador de Oaxaca emanado del PRI, Alejandro Murat Hinojosa, dispuso el traslado de la saxofonista a un hospital de la Ciudad de México especializado en quemaduras; ella las tenía en la cara, en las piernas y en distintas partes del cuerpo.
Y dijo haber solicitado a la Fiscalía General de Justicia (entonces a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez) para “encontrar al culpable” del ataque con ácido a María Elena.
No obstante, hasta después de cinco meses de la agresión, la Fiscalía soltó la ficha roja del ex diputado ofreciendo recompensa de un millón de pesos a quien aportara información “veraz, útil y eficaz” para capturar al imputado por el delito de tentativa de feminicidio.
Tanta dilación, tanta traba, provocaron la sospecha de que el político gozó de protección en aquél momento para darle tiempo de huir. Fue detenido hasta el seis de abril del 2020.
Para cuando lanzaron la ficha roja, la Fiscalía ya tenía a dos presuntos autores materiales detenidos y vinculados a proceso, hijo y padre ambos de oficio albañilería.
Y ahora, a cinco años, un juez absuelve a todos, porque según las pruebas aportadas no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del imputado.
Imagínense, cinco años para resolver y en qué forma.
Tan manoseado está el caso, que ahora hasta la probidad del juez José Gabriel Ramírez Montaño ha quedado entre dicho al absolver a Juan Antonio V.C., Rubicel H.R. y Rubén L.C., del delito de feminicidio en grado de tentativa, contra María Elena.
Así que la Fiscalía General, a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, interpondrá los recursos legales necesarios para revertirla, pues el Ministerio Público correspondiente sí aportó pruebas suficientes.
Investigó apegado a técnicas científicas; recurrió a tecnologías de inteligencia criminal lo que permitió establecer que la llamada hecha por los autores materiales a la víctima, se realizó desde el teléfono de Rubén L. C.; además fueron captados en video al momento de ingresar y de salir del domicilio de la víctima el día del ataque; logró establecer que existieron llamadas telefónicas y reuniones entre Rubén L. C. y Juan Antonio V. C., en lo que se llama “momento crítico”; etc.
Pero todo lo desestimó el juez, pero una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca ordenó que los imputados permanezcan o regresen a prisión preventiva. Cosa que no gustó a la defensa de Vera Carrizal, quien siempre, evidentemente, ha asegurado ser inocente.
Sin embargo, la Fiscalía aporta pruebas de su participación en el ataque con ácido a María Elena Ríos.
***
