Rosy RAMALES
Corría el sexenio del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano (entonces del PRI), cuando en el estado de Oaxaca se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y la Legislatura de aquella época eligió a José Luis Acevedo; un abogado de mucho prestigio.
Tanto así que nadie objetó su designación, y su desempeño en el cargo puso en alto al organismo defensor de los derechos humanos, en cuya función cuenta de sobremanera los conocimientos en la materia, la calidad moral, la ética y la honestidad de la persona titular, amén del cumplimiento cabal de los requisitos legales.
Fue la mejor época del organismo. Después vinieron otros titulares, a quienes, sin ser malos, pesaron de algún modo las cualidades del primer ombudsman en Oaxaca, que además lejos estaban de ambiciones personales y de intereses políticos.
Pero a partir del año 2010, cuando la coalición PRD-PAN-PT-Convergencia gana la gubernatura con Gabino Cué como candidato y también le arrebata al PRI su mayoría en el Congreso del Estado, el organismo defensor se empieza a partidizar, a corromper, a degradar.
De entrada a la CEDH le cambian el nombre por Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y los coalicionistas nombran a Arturo Peimbert Calvo sin cumplir los requisitos exigidos por le ley; estaba impedido por haber ocupado un puesto en el gobierno de Cué.
Pero los diputados de la “transición democrática” argumentaron que la prohibición no le aplicaba porque no era mando superior. Tal vez. Pero moralmente estaba impedido. ¿Cómo un amigo del gobernador podía juzgar sus violaciones a los derechos humanos?
En fin, la Defensoría se convirtió además en el refugio de algunas “organizaciones” y “luchadores sociales”. Es más, la duda cabe sobre el manejo del presupuesto destinado al organismo defensor.
Seguramente algunos, varios o muchos ciudadanos esperaban con ansias el cambio de titular; una espera de siete años, largos y aciagos. Y a partir de las elecciones del 2018, con la esperanza de que las y los diputados locales de la Cuarta “T” le devuelvan el prestigio al organismo defensor de los derechos humanos eligiendo a una persona proba.
Pero parece que no va por ahí. Y para la mala suerte de los habitantes de Oaxaca, entre las 42 personas aspirantes a la titularidad de la Defensoría no existe una de renombrado prestigio, reconocida por su calidad moral, ética y honestidad. Tampoco la ley lo exige de manera expresa, aunque sí implícitamente en algunos de los requisitos.
Claro, hay personas que reúnen los requisitos legales, con cierto currículum, pero todavía verdes para el cargo. Aún así deberían figurar en la terna. Pero desafortunadamente quizá no tengan padrinos políticos.
Pareciera más bien haber un perverso juego de intereses de todo tipo. En la siguiente nota se habla de ello:
Retomaremos algunos datos en la siguiente columna.
Por lo pronto, recordemos cuáles son los requisitos exigidos por la ley:
Ciudadanía mexicana, gozar de sus derechos civiles y políticos, y nativo (a) del estado o residente en los últimos 5 años. No haber sido: Servidor público de mando superior de ninguno de los tres órdenes de gobierno en los 2 últimos años; ni condenado por delito intencional, ni inhabilitado en la función pública.
Además: No haber ocupado puesto de elección popular ni de partido político al menos 2 años anteriores al proceso de selección; no tener antecedentes de violencia y/o discriminación en el ámbito público o privado; no haber resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en alguna de recomendación; y acreditar conocimientos suficientes teóricos y prácticos en la defensa y promoción de los derechos humanos con perspectiva de género y pluralismo jurídico.
¿Quién o quiénes de las siguientes personas los cumplen?
1.-Emilio Martínez Castillejos, 2.-Octavio César Domínguez de Jesús, 3.-Constantino Hernández Hernández, 4.-Eder Lugos Castillo, 5.-Estefanía Altamirano Jiménez, 6.-Jóse Antonio Álvarez Hernández, 7.-Félix Hernández Pizarro, 8.-Emilio De Gyves Montero, 9.-Jesusita Bautista Cayetano, 10.-Alexander Pérez Carrera, 11.-Yara Jiménez Viloria, 12.-José Luis Garcia Zárate, 13.-Alfredo Palacios Gómez, 14.-Pedro Sandoval Martínez, 15.- Samuel Alfonso Castellanos Piñón, 16.-Hugo Vasconcelos Calderón, 17.-Luis Raúl Hernández Avendaño, 18.-Ángel García García, 19.-Cira Mariana Morales Ramos, 20.-Edgardo Antonio Higareda Cerón, 21.-Ariadsol Rodríguez Villegas, 22.-Eduardo Bautista Cruz, 23.- José Bernardo Rodríguez Alamilla, 24.-María Eugenia Mata García, 25.-José Juan Julián Santiago, 26.-Juan Rodríguez Ramos, 27.-Jorge Alberto Martínez Sánchez, 28.-Heidi Mailet Gutiérrez Montellano, 29.-Félix Miguel Caballero Ríos, 30.- Yésica Sánchez Maya, 31.-Carlos Ricardo Hernández Palacios, 32.-Álvaro Jiménez Soriano, 33.-Ricardo Ruiz Zaragoza, 34.-Pedro Alberto Martínez Santiago, 35.-Yarib Hernández García, 36.-Daniel Pérez Montes, 37.-Ambbar Cenith Susunaga Soto, 38.-José Manuel Vázquez Guzmán, 39.-José Luis Jiménez López, 40.-Eustolio Raymundo Vásquez Sumano, 41.- Flor Estela Morales Hernández, y 42.- César David Mateos Benítez
¿Cuántos tienen antecedentes de violencia? No tenerlos es un requisito de elegibilidad.
¿Cuántos tienen conocimientos en la materia? Vaya, es necesario que conozcan cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales; que conozcan y entiendan el sentido de cada precepto relativo de la Constitución, los instrumentos internacionales, etc.
Defender derechos humanos no es sinónimo de “organización social”, ni de “luchador social”. Y la titularidad del organismo tampoco le corresponde a Morena porque es mayoría. Sin embargo, parece que por ahí va el asunto.
Vaya tarea la que tienen las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado: Tres de Morena: Magaly López Domínguez (quien la preside), Elisa Zepeda Lagunas y Alejandro López Bravo; una del PVEM, Victoria Cruz Villar, y una del PRI, Magda Isabel Rendón Tirado.
Magaly y Magda son Licenciadas en Derecho, según su currículum publicado en la página del Congreso. Entonces por lo menos ellas deben saber los alcances e implicaciones de los derechos humanos, y, por lo tanto, del perfil idóneo para presidir un organismo defensor.
Las y los integrantes de dicha Comisión Permanente ¿dictaminarán privilegiando la ley o en base a sus intereses? Pero ojo, porque si las y los aspirantes documentan irregularidades el numerito se pes puede caer.
Ya se habla de conflictos de interés y hasta de relaciones personales entre algunos legisladores y algunos aspirantes.
Las y los diputados opositores a Morena y aliados, ¿alzarán la voz ante cualquier desaseo o interés en el procedimiento? ¿O negociarán una visitaduría?
***
Correo: rosyrama@hotmail.com
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




