Rosy RAMALES
Un día, el entonces titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Héctor Anuar Mafud Mafud (q.e.p.d), me dijo haberle tocado estar al frente de un área donde rebotaban los conflictos generados por otras áreas del Ejecutivo estatal o por comunidades. Cierto.
Que si Administración incumplía con el sindicato, salía la Segego a atender a los burócratas; que si el IEEPO inculplía con la Sección XXII, la Segego instalaba mesas de negociación; que si a Seguridad se le salía de control la prevención o la disciplina policíaca, la Segego daba la cara; que ante la dilación en obras, programas sociales, vacunas, etc, la Segego salía al diálogo con los inconformes, igual cuando peleaban dos núcleos agrarios o había desplazamientos por líos religiosos.
Y todo derivaba en una percepción de ingobernabilidad. Máxime cuando funcionarios del mismo gabinete se torpedeaban entre sí por rivalidades personales o aspiraciones políticas, o cuando torpedeaban al titular de la Segego pretendiendo destituirlo y sustituirlo.
Las cosas no han cambiado mucho entre aquella época, y la actualidad. La diferencia es que entonces gobernaba el PRI, y ahora gobierna Morena.
Seguramente ahora Jesus Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno, le dará la razón a Héctor Anuar Mafud Mafud, con quien, por cierto, hizo buena amistad en esa relación entre un luchador social y el segundo de abordo en un gobierno estatal. Entre ambos, hoy, habría un denominador común: Sostener la gobernabilidad de la entidad.
El contexto viene a colación por el impacto de los resultados de la reciente jornada de Revocación de Mandato, en el gabinete del gobernador Salomón Jara Cruz, quien, haciendo caso a la voz de la ciudadanía expresada en las casillas, ha decidido realizar cambios de fondo tanto en su gabinete como en políticas públicas.
Bien. Porque si las y los funcionarios (con sus honrosas excepciones), atendieran sus obligaciones y las demandas ciudadanas, éstas no estallarían en conflicto en la cancha de la Secretaría de Gobierno y del propio gobernador Salomón Jara. Es como cuando una gripe inatendida o mal atendida, se convierte en neumonía, cuando el mal inicial pudo atenderse en el consultorio médico sin necesidad de llegar al área de urgencias del hospital.
Claro, amén de revisar políticas públicas en general. Y, por cierto, de manera especial aquellas enfocadas a la zona metropolitana, en cuyos distritos fue adverso el resultado de la jornada revocatoria.
Hablando de políticas públicas, que bueno que el actual gobierno estatal implementó el “Programa Estatal de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca”, que no se limita a canalizar beneficios materiales, sino que privilegia procesos de diálogo, contención de conflictos y pedagogía institucional.
Y hay ejes como “Hablamos, no bloqueamos” y “Paz Territorial” tendientes a fortalecer la presencia estatal en comunidades con alta conflictividad, generar nuevas formas de interlocución entre el gobierno y la ciudadanía para aminorar la violencia social mediante mecanismos de conciliación, diálogo y atención in situ.
Se entiende que todos los ejes van enfocados a forjar una cultura de paz, que no tenemos en una entidad como Oaxaca con tantos años de mala tradición de bloqueos, movilizaciones, conflictos agrarios, etc. Por lo tanto, forzar una cultura de paz se ve como una meta de largo plazo tras la implementación de bases como el programa y ejes en comento.
Quizá haga falta institucionalizarlos; reforzarlos con recursos humanos y buenas condiciones laborales del personal que se parte el alma en territorio, así como con una estrategia preventiva. Y, claro, también es necesario revisar constantemente el trabajo y la actuación del personal para evitar la generación de intereses políticos o personales.
Y lo más importante, que todas las dependencias del Ejecutivo estatal atiendan las demandas ciudadanas, gremiales o comunitarias. Porque si éstas no responden, de nada sirven los programas, ejes y demás. Ejemplo: En un conflicto agrario se pactan beneficios sociales o infraestructura para las partes, pero el incumplimiento de las dependencias es motivo suficiente para echar a saco roto la paz pactada.
En fin.
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