Rosy RAMALES
El consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, se ha convertido en pieza clave en el combate a la corrupción desplegada en la administración estatal anterior, empezando por desmembrar el llamado “Cártel del Despojo” y la red de la Secretaría de las Infraestructuras, donde al parecer había otro cártel.
Aunque hay ciudadanos, ciudadanas, que han cuestionado el que hasta el momento solo se ha detenido a “puro charal” y ¿cuándo los “peces gordos”? Por algo se empieza. La actual administración apenas lleva siete meses, así que seguramente están terminando de integrar los expedientes relativas a las inconsistencias insubsanables que dejaron funcionarios del sexenio pasado.
Quizá los “chalares” sean el anzuelo que conduzca a los “peces gordos”.
El Consejero Jurídico, quien, por cierto, sería un buen perfil para presidir el Poder Judicial en un futuro no muy lejano, además tiene en ruta la investigación sobre el caso de los fiats notariales otorgados de manera dudosa.
Por cierto, los fiats y las notarías es un tema que necesita una excavación profunda y de toda una reingeniería. Con sus excepciones se han prostituido.
Otra pieza clave es la secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a cargo de Leticia Elsa Reyes López.
El nuevo Fiscal General de Justicia del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, es otra pieza clave, con cuya llegada (apenas en enero) la Fiscalía salió de su letargo, dilación e ineficacia en la integración de carpetas de investigación.
Antes de Rodríguez Alamilla no hubiese prosperado cualquier carpeta en contra de exfuncionarios; ni las abiertas al cierre de la administración anterior, ni las que inició el gobierno entrante.
Incluso, poco a poco ha ido poniendo orden en la propia estructura de la Fiscalía General, en lo que ha llamado reingeniería y fortalecimiento institucional con el fin de robustecer la procuración de justicia.
De continuar en esa ruta, puede que la Fiscalía recobre la confianza ciudadana, algo difícil de conseguir con una institución donde convergen diversos intereses, tan neurálgica. Por lo pronto, personas afectadas por acciones del ‘Cártel del Despojo’ han aplaudido la detención de funcionarios de la administración anterior.
Ahora falta la consumación de la acción de la justicia, lo cual corresponde al Poder Judicial, que preside el magistrado Eduardo Pinacho.
Y otra pieza clave es el Congreso del Estado, cuya actual Legislatura presidida por el diputado Luis Alfonso Silva Romo, prevé la adecuación del andamiaje jurídico correspondiente para darle ‘dientes’ (por decirlo de algún modo) al sistema de combate a la corrupción.
Esa iniciativa, donde al parecer también participa la diputada Gabriela Pérez López, se desahogaría en el siguiente periodo ordinario de sesiones a iniciar en unos días más.
Sí, el segundo periodo ordinario dará principio el primero de julio para concluir el 30 de septiembre. Así que las diputadas y los diputados ya se preparan para arrancar con un lapso más de sesiones con el pastoreo de Luis Alfonso, previo cierre de la Diputación Permanente integrada por mujeres: La preside Haydeé Reyes Soto y la conforman María Luisa Matus Fuentes, Concepción Rueda Gómez, Melina Hernández Sosa, Minerva Leonor López Calderón, Leticia Socorro Collado Soto y Juana Aguilar Espinoza.
PREGUNTA:
¿Funcionaría crear un instituto local para devolverle al pueblo lo robado, anunciado por el Ejecutivo estatal? ¿No sería generar más burocracia? ¿Qué tal crear mejor una área pequeña exprofeso en la Secretaría de la Función Pública o en la Consejería Jurídica?
Y a la par, ahora que la administración se encuentra en su primer semestre, fortalecer las acciones para detectar inconsistencias, irregularidades, en las dependencias y entidades públicas.
Más vale prevenir que lamentar. No sea que el próximo gobierno estatal no sea de Morena, o no sea del grupo del actual mandatario.
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