CRÓNICA EXPRÉS: Priistas, una buena y una mala noticia…

Rosy RAMALES

Hace unos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, en acumulación, sendos recursos de revisión de procedimientos especiales sancionadores en torno al PRI y diversos cuadros de este partido político en relación a un caso de violencia política en razón de género.

Para algunos hay buenas noticias; para otros, malas noticias.

Las buenas noticias son para Eviel Pérez Magaña y un tal Eduardo Loyo Maya, pues el Pleno de dicha Sala, por unanimidad, declaró “inexistente la infracción de violencia política en razón de género” (y, en por ende, “todas las consecuencias derivadas de tal determinación”) que la Sala Regional Especializada había considerado existente.

Las malas noticias son para Antonio Amaro, Emilio Vértiz y Marco Durán, porque la Sala Superior dejó “intocadas las consideraciones de la sentencia impugnada” respecto a ellos. Y respecto del PRI dejó “firme” la acreditación de las infracciones atribuidas y las sanciones impuestas.

La historia es algo larga. Pero en resumen la controversia se originó por la queja por violencia política en razón de género presentada por una candidata a diputada federal en las elecciones de 2021 por el Partido Redes Sociales Progresistas en contra de Antonio Amaro, candidato al mismo cargo por la coalición que entonces integró el PRI.

“Los hechos en que se basó la denuncia consistieron en la presunta intimidación por parte del denunciado y diversas personas a quienes identificó como militantes del Partido Revolucionario Institucion y funcionarios partidistas en Oaxaca, con la finalidad de que desistiera de su candidatura”, se explica en la sentencia de la Sala Superior.

Derivado de la denuncia, la autoridad competente del INE emplazó a Antonio Amaro, Eviel Pérez, Eduardo Loyo, Emilio Vértiz y Marco Durán, así como al PRI. Y la Sala Regional Especializada del TEPJF, al resolver, tuvo por actualizada la infracción atribuida a ellos, y respecto del partido la consistente en culpa in vigilando y el incumplimiento a su obligación de prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Así que la Sala Especializada impuso las siguientes sanciones:

Multa: De 300 UMA, equivalente a $26,886.00 a Antonio Amaro; de 63 UMA, equivalente a $5,646.06, a Eviel Pérez, Eduardo Loyo, Emilio Vértiz y Marco Durán; y de 500 UMA, equivalente a $44,810.00 al PRI, además de una amonestación pública al partido.

Medida de no repetición: Ordenó a las personas señaladas realizar un curso en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y que difundieran una disculpa pública.

Medida de protección preventiva: Se les conminó para que se abstuvieran de realizar u ordenar conductas violentas en contra de la denunciante, su familia o equipo de trabajo.

Y la sanción más grave: Ordenó la inscripción de los referidos ciudadanos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de cuatro años.

Ups.

¿Y por qué la Sala Superior declaró inexistente la infracción en caso de Eviel y del tal Loyo? Porque solo ellos acudieron como actores; es decir, solo ellos impugnaron la sentencia de la Sala Especializada. Por lo tanto, la Sala Superior nada más estudió estas impugnaciones.

Pero no solo por el simple hecho de impugnar, sino que sus agravios resultaron fundados.

En síntesis, la Sala Superior, al estudiar el caso, consideró que no se acreditó que las llamadas telefónicas realizadas a la quejosa las hubiese realizado la persona de nombre Eduardo Loyo, ni que hayan sido por instrucciones de Eviel, para que la entonces candidata renunciara a la postulación.

Una persona le llamó a la candidata para pedirle renunciar a la candidatura y que eran instrucciones del entonces presidente del PRI estatal.

La quejosa presentó grabaciones y la lista de llamadas teléfonicas. Pero tampoco se pudo acredidar que el número de teléfono perteneciera al tal Loyo.

En fin, que la Sala Superior consideró inexistente la infracción en el caso de Eviel y de Loyo.

También impugnó el PRI, pero no lo exhoneró (por decirlo de algún modo), sino confirmó la sanción al partido, pues éste incumplió con lo ordenado por la autoridad competente.

¿Y qué pasa con las personas para las cuales se deja subistente la orden de inscribirlos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de cuatro años.?

Pues que puede verse afectado su derecho político-electoral a ser votados; puede…

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Correo: rosyrama@hotmail.com

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