Rosy RAMALES
En un estado como Oaxaca donde la propiedad social de la tierra y el arraigo a los usos y costumbres (o sistemas normativos indígenas) suelen convertirse en verdaderas aduanas infranqueables para la obra pública y la industria, el consenso para las etapas constructivas de la Presa Margarita Maza (o Mujer Solteca) marca un hito el avance del este proyecto hídrico.
Pues el consenso comunitario es un punto clave. Conseguir la venia de una comunidad puede tomar horas, días, meses e incluso años; es un proceso donde la buena o mala voluntad de las autoridades agrarias juega un papel determinante. Conciliar es una tarea titánica, difícil, sobre todo cuando unas pocas voces disienten, muchas veces sin siquiera vivir de lleno en la comunidad, pero eso sí gritan, exigen y se oponen nada más por oponerse.
Qué bueno que la administración del gobernador Salomón Jara Cruz está logrando pasar la aduana agraria, comunitaria, social. Vaya, el hecho de que comunidades de la Sierra Sur aprobaron el paso de un acueducto de más de 101 kilómetros no es un simple anuncio, sino es estrategia de concertación política para hacer posible la construcción de un proyecto hídrico que vendrá a solucionar la problemática del abastecimiento de agua potable en la capital oaxaqueña y municipios conurbados.
El gobernador Jara Cruz plantea inaugurar la obra casi al final de su sexenio; o sea, dentro de dos años y medio aproximadamente.
Y en esa tarea, dos de sus colaboradores andan en friega: El secretario de Gobierno, Jesús Romero López; y el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández. Además de la colaboración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional Indigenista (INPI).
¡Y qué tarea! En en una entidad que ha sido cementerio de grandes proyectos de desarrollo debido a que las asambleas comunitarias poseen un poder de veto fáctico y legal que ha detenido desde supercarreteras hasta parques eólicos.
Por eso, conseguir el aval unánime en municipios y localidades como Santiago Yogana, Rancho Viejo (Sola de Vega) y La Noria Sección 13 (Ejutla de Crespo) parecía una misión imposible.
El desafío era doble: Convencer a comunidades de la Sierra Sur de permitir que su recurso se lleve a la Zona Metropolitana de Oaxaca para solucionar la problemática del agua y desactivar el fantasma del despojo; situaciones que requerían más que decretos oficiales.
Sí, requerían de mucho diálogo.
Jesús Romero hizo un trabajo previo de carpintería política. Según datos de la Secretaría de Gobierno (SEGO), antes de que las comunidades alzaran la mano para dar el aval, se realizaron: 126 mesas de diálogo con autoridades municipales, agrarias y comisiones comunitarias, y 15 recorridos técnicos en territorio junto a personal de Conagua y Ceabien para revisar colindancias, afectaciones de parcelas y derechos de vía.
La narrativa oficial no se ha centrado en la urgencia metropolitana del agua, sino en un esquema de compensación social, pues el proyecto incluye obras de infraestructura social, desarrollo y servicios directos para las comunidades de la Sierra Sur.
En fin, la aprobación para las etapas del proyecto hídrico en comento demuestra que en el Oaxaca de hoy, la viabilidad de los megaproyectos no depende de la capacidad técnica o financiera, sino de la capacidad de concertación política y comunitaria.
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