Rosy RAMALES
En columna anterior preguntabámos qué habrán encontrado en el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca para haberlo sustituido por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, con todo magistrados y magistradas en su mayoría, o éstos qué habrán hecho.
Un tribunal, que como la mayoría de los entes públicos, la mayor responsabilidad interna, administrativa, recae en su presidencia, la cual en los últimos años (tal vez dos periodos) estuvo a cargo de Manuel Velasco Alcántara, quien fue impulsado por José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca con quien guarda una muy buena relación amistosa, lo cual siempre ha sido un secreto a voces.
Claro, la amistad no es un pecado. Los gobernantes generalmente ponen o impulsan a sus amigos, incluso en órganos autónomos. Es una práctica priista que retomó el PAN donde ha sido gobierno en los distintos órdenes, y que también aplican las administraciones de la “Cuarta Transformación”.
Aunque formalmente Manuel fue una propuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se sabe que lo impulsó Don Pepe. Y ya será responsabilidad del magistrado depuesto el cómo actúo en la función jurisdiccional que desempeñó.
Velasco Alcántara primeramente intentó ser consejero presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) en su primera integración como Organismo Público Local en el 2014, pero no aprobó el examen. Casi era la víspera del año electoral en el cual Oaxaca elegiría gobernador, cargo que en 2016 ganó Alejandro Murat.
En fin, ¿qué encontraron en el extinto Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, combate a la corrupción e impartición de justicia administrativa)?
Varias cosas, entre las cuales estarían:
Resoluciones por montos millonarios a favor de particulares vinculados con políticos; montos que debe pagar el Gobierno del Estado.
Resoluciones de asuntos de muchos años atrás, revisables y cuestionables, que benefician indirectamente a colaboradores de dos sexenios anteriores al actual.
Sí, trascendieron algunos nombres, pero por el momento los omitimos.
Encontraron además que en el presupuesto 2022, el Tribunal tenía disponible determinada cantidad para pago de laudos, que no pagó. Y se desconoce el destino del recurso.
Eso, independientemente del alto monto de los sueldos: Casi 3 millones y medio de pesos anuales para el magistrado presidente; casi 2 millones para los magistrados. Aunque el sueldo no depende totalmente de ellos, la reducción de magistraturas y salas representa cierto ahorro en un nuevo tribunal en materia administrativa y combate a la corrupción.
En fin, ahora justos pagan por pecadores. Porque había excepciones, personas con merecimiento profesional para ejercer el cargo de magistrado.
