Rosy RAMALES
Hace algunos días, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, anunció que el gobierno de la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, determinó que el 2025 sea el Año de la Mujer Indígena.
Por eso el emblema del gobierno se conformará por cuatro mujeres representando a las culturas mexica, maya, mixteca, y tolteca. “La idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad, toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Bien. Es como un homenaje a las mujeres indígenas, las cuales históricamente han jugado un papel determinante en el desarrollo de la humanidad, principalmente de los pueblos y de las comunidades indígenas.
En nuestro país existen entre 70 y 60 pueblos indígenas. En realidad no hay una cantidad exacta. Las distintas instituciones relacionadas con la materia hablan, unas de 71; otras de 60 y tantas. Pero tanto el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, como propiamente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) aluden a la importancia de los pueblos y comunidades indígenas en México.
Y según las estadísticas, se estima que en México hay cerca de 6.4 millones de mujeres indígenas, lo que representa el 9.9% de la población femenina del país.
El número que sea, las mujeres indígenas han sido vitales en nuestro país. Entonces justo es que el gobierno de México las reconozca. Pero ojalá el reconocimiento vaya más allá de ponerlas en un emblema; sería mucho mejor que a la par se incluyan acciones para sacarlas de la situación en que se encuentran en sus lugares de origen.
Y que sus derechos políticos electorales sean respetados, porque en el reconocimiento de éstos ya hay avance; sin embargo, los partidos políticos se lo pasan por el arco del triunfo. Incluso, a veces también las autoridades electorales cuando permiten burlar las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, sobre todo de mujeres.
Vean en las cámaras del Congreso de la Unión, en los congresos de las entidades federativas, legisladoras que fueron postuladas usurpando la acción afirmativa a favor de una mujer indígena. Partidos políticos y personas candidatas quién sabe cómo consiguieron la firma de autoridades comunitarias, para acreditar los requisitos de acceso a la acción afirmativa indígena.
Menospreciando este tipo de medidas, hay políticos que piensan que cualquier persona puede pasar por indígena porque todos llevamos sangre indígena dado nuestro origen como país antes de la conquista española. Y sí. Pero las acciones afirmativas se han confeccionado para favorecer a quienes históricamente han sido personas relegadas del acceso a los cargos legislativos, como las mujeres indígenas.
Mujeres indígenas que viven en sus comunidades, que tienen identidad originaria, que se identifican con sus raíces, que han trabajado a favor de las personas de su raza; las que están ahí, no las postizas, no las que solo se asumen indígenas para obtener la candidatura, el cargo, la posición.
La lucha ha sido larga, dura, difícil, sobre todo en entidades federativas con población indígena como Oaxaca, por ejemplo.
Roselia Bustillos Marín, en su obra “Derechos políticos de las mujeres indígenas y la justicia electoral”, da cuenta del camino recorrido por las mujeres indígenas, de cuyos inicios cita:
“La tutela a la participación política de las mujeres indígenas oaxaqueñas comenzó a considerarse, de manera aislada, en algunas sentencias emitidas por la Sala Superior en 2011 y 2012. Esto fue en elecciones bajo el régimen de los sistemas normativos internos, en los municipios de San Juan Lalana (SUP-REC-36/2011 y acumulado) y Santiago Choapam (SUP-JDC-1640/2012, cuarto incidente de inejecución), casos con conflictos en los cuales, para la realización de sus asambleas de elección, se impugnaba el cumplimiento del principio de universalidad del sufragio. En los efectos de las sentencias, la Sala Superior ordenó la participación integral de las mujeres y los hombres pertenecientes a la comunidad.”
Hoy es diferente, hay avance. Incluso, en el país recientemente se aprobó una reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, y fortalecer los derechos político electorales de las mujeres indígenas.
No obstante, hace falta más; hace falta, por ejemplo, establecer sanciones ejemplares para quienes burlen y birlen las candidaturas a las mujeres indígenas.
Ojalá la presidenta Sheinbaum tenga la sensibilidad de honrar a las mujeres indígenas dotándolas de instrumentos jurídicos para la defensa de sus espacios políticos.
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