Rosy RAMALES
Hasta hoy es incierta la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar la segunda etapa de la elección judicial federal. Revisar la viabilidad sería la primera tarea de Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica de la Presidencia. Sin embargo, no se fijó fecha para presentar el análisis correspondiente.
Muchas y diversas veces han manifestado la pertinencia de pasarla del 2027 al 2028, incluso de legisladores de Morena como el senador Javier Corral Jurado y el líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien vio positiva la propuesta que entregaron consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), incluida Guadalupe Taddei Zavala.
No obstante, la decisión final recae en la presidenta Sheinbaum; de haber estado convencida, ella habría sido la primera en proponer el aplazamiento de la segunda etapa de la elección judicial.
Y, a estas alturas, el margen de maniobra es mínimo: A escasos quince días de que termine mayo, se agota el plazo constitucional para realizar reformas en materia electoral, categoría en la que entra la modificación a la fecha de dichos comicios.
El mismo Ricardo Monreal lo advirtió durante su encuentro con las consejerías del INE. Les dijo: “Prácticamente nos quedan dos semanas para definir sobre esta materia tan importante, dado que, como ustedes lo saben, no podríamos modificar aspectos fundamentales del proceso electoral, de las reglas electorales, tres meses antes de iniciado el proceso, y ustedes inician la primera semana de septiembre.”
Exactamente, el Proceso Electoral Judicial empieza con su primera etapa, la cual “inicia con la primera sesión” que el Consejo General del INE “celebre en los primeros siete días del mes de septiembre del año anterior a la elección…”
Incluso, encierra el plazo: “En los primeros siete días”. Deja más margen de acción el inicio de la primera etapa del Proceso Electoral de las elecciones normales, digamos, pues prevé el arranque “durante la primera semana”, entonces la autoridad electoral suele considerar un día de la primera semana completa.
Retomando el tema. El caso es que está a punto de concluir el plazo para realizar reformas electorales de fondo a aplicarse en los procesos electorales 2026-2027. Y como se dice comúnmente, ‘ni luces’ para la modificación de la fecha de la segunda etapa de la elección judicial federal
A lo más, Ricardo Monreal dijo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la próxima semana tomará determinaciones sobre la realización de un periodo extraordinario de sesiones para, en su caso, tratar la reforma a la reforma judicial.
Ah, porque ese es otro punto: El planteamiento es (según se entiende), cambiar la fecha de la elección y de una vez perfeccionar la normatividad relativa al Proceso Electoral Judicial: Órgano convocante, Órgano de registro, supresión de los desafortunados comités de evaluación por cada Poder, y requisitos de elegibilidad como las calificaciones, etc.
Está bien. Pero si alguna de las bancadas no está de acuerdo, otra vez a patinar como ocurrió cuando los planes “A” y “B” de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Quizá sea mejor solo modificar lo urgente: La fecha de la elección judicial, y dejar pendiente las reformas al resto de normatividad sobre el proceso judicial, considerando que esta se puede modificar para aplicarse hasta el 2028 o 2029.
Ya no habría prisa. Incluso, así se evitaría hacer otra reforma sobre las rodillas.
Aunque suponemos que la propuesta del INE debe estar bastante completa, pues las consejerías tienen el pulso electoral, sobre todo en cuanto a la complejidad y gasto tan solo en la ubicación e instalación de las casillas; su integración y capacitación de sus funcionarios.
Si la 4-T insiste en celebrar las elecciones ordinarias y las judiciales de manera simultánea, será necesario instalar casillas independientes en ubicaciones distintas, pues las mesas directivas de la elección federal no pueden gestionar el proceso judicial, ya que en este último los representantes de partidos políticos tienen prohibida la participación.
Como son casillas diferenciadas, diversas consejerías del INE advierten que la concurrencia comicial, lejos de generar ahorros, provocará un incremento considerable en el gasto operativo.
Incluso, en un comunicado el Instituto advirtió: “Se trata de dos elecciones completamente incompatibles donde todo se duplica, lo que no sólo complica la logística, sino que la boleta electoral sería muy compleja, incrementaría el tiempo de votación y el peso de las campañas que realizan los partidos políticos, prácticamente borrarían la posibilidad de que se conozcan las de las candidaturas del Poder Judicial”.
A esto se suma el riesgo de la abstención; es poco probable que la ciudadanía acuda a las urnas para la elección judicial tras haber votado por diputados federales o locales, gobernadores o ayuntamientos.
La experiencia de 2025 en diversas entidades demuestra que el electorado suele retirarse de las casillas sin participar en el proceso judicial.
Si a este desinterés le añadimos el gran desencanto con la primera generación de ministros electos y el riesgo de infiltración del crimen organizado, el panorama para los comicios concurrentes de 2027 resulta, por decir lo menos, desalentador.
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