Rosy RAMALES
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya inició actividades públicas con la apertura de una serie de seis audiencias. El miércoles se desarrolló la primera. El jueves la segunda. Concurrió casi de todo: Académicos, ciudadanía, personas legisladoras locales, indígenas, consejeros de OPL y magistrados y magistradas estatales y de salas regionales.
Pero faltaron representantes de los partidos políticos. No pudieron o no quisieron asistir. Quizá acudan a las audiencias restantes, foros o debates. Quizá no asistan nunca. Tal vez esperan una mesa especial con dirigentes partidistas como en antaño cuando eran los únicos convocados por la Secretaría de Gobernación para confeccionar las reglas electorales con gran margen de negociación.
Tienen de aquí a diciembre para participar o para ser llamados por la Comisión Presidencial a una reunión solo con partidos políticos, porque en enero Pablo Gómez debe entregar las conclusiones y propuesta de reforma electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si no acuden per se o no son convocados ex profeso, a la reforma le hará falta el consenso partidista, sobre todo de la oposición porque el PVEM y el PT van con Morena, salvo rompimiento por la reducción del financiamiento público o la eliminación plurinominal.
Claro, la propuesta de reforma electoral quedará sujeta a la decisión final del Congreso de la Unión, donde hay legisladores morenistas en desacuerdo con planteamientos de la presidenta Sheinbaum. Por ejemplo, el diputado Ricardo Monreal ha planteado opciones para modificar la representación proporcional sin eliminarla.
A ver si se alinean o se van por la libre.
Por lo pronto, ya están en marcha las audiencias públicas para la reforma electoral. En la primera hubo planteamientos viables para ser retomados por la Comisión Presidencial para incorporarlos a la propuesta de la reforma electoral.
Por ejemplo, Roselia Bustillo Marín, magistrada presidenta de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque a título personal y como indígena zapoteca, planteó reserva de escaños para personas indígenas de modo de garantizar su acceso a los congresos, pues se ha venido haciendo mediante acciones afirmativas, las cuales, por cierto, birlan los partidos con la vista gorda del propio INE o de los OPL.
Otro ponente, Alfredo Vázquez Vázquez, también hizo propuestas viables: Que desde la Constitución Política se reconozcan los distritos indígenas, que las candidaturas indígenas emanen de las asambleas comunitarias para evitar usurpaciones y que a los mejores perdedores les sean asignados espacios de representación proporcional.
Con excepción de ambas ponencias, la mayoría versaron sobre temas del Plan “A” de AMLO. Por ejemplo, en cuanto a la reducción de 500 a 200 diputaciones en la Cámara Baja, el establecimiento del sistema de representación pura y demarcaciones electorales estatales, lo cual obligaría a realizar campaña a toda candidatura.
No es mala idea. Sería cuestión de aterrizarla. Aunque no será del agrado de la oposición, porque terminaría con el privilegio de dirigentes partidistas y allegados de postularse en los primeros lugares de las listas de representación proporcional. Por cierto, un ponente planteó listas cerradas no bloqueadas de modo tal que el elector elija quién de la lista.
En las dos primeras audiencias hubo una propuesta reiterada en materia de justicia electoral: La simplificación del catálogo de medios de impugnación, la homologación de éstos para las entidades federativas, la reducción de plazos y la emisión de sentencias en lenguaje común. Y, en su caso, la pertinencia de desaparecer los tribunales locales.
Con algunas salvedades, francamente cada propuesta vertida en las primeras audiencias públicas amerita un análisis completo por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuya credibilidad todavía patina.
Es incierta la incorporación de propuestas vertidas en las audiencias públicas, foros y debates, al proyecto de reforma electoral. Quizá los participantes solamente gastan saliva, porque ya existe la propuesta de reforma electoral, a la cual la Comisión dará una pincelada ciudadana para legitimarla.
O TODOS COLUDOS…
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en sus redes sociales informó haberse reunido con magistraturas de la Sala Superior del TEPJF “para dialogar en torno a la construcción de la nueva reforma electoral”.
Bien, el TEPJF tiene mucho qué aportar. Incluso el magistrado rebelde Reyes Rodríguez Mondragón, quien, por cierto, no asistió a la reunión o por lo menos no aparece en la foto.
Y si la Comisión se reunió especialmente con magistraturas de la Sala Superior, entonces también puede reunirse de forma especial con las representaciones partidistas.
Como dice el refrán, “o todos coludos o todos rabones”. Las magistraturas de la Sala Superior pudieron participar en las audiencias públicas, cuyo registro es abierto a todas las personas sin distingos de filiación, posición o cargo, ¿qué no?
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