Rosy RAMALES
La Legislatura dio reversa a la iniciativa de reformas a la Constitución Política de Oaxaca para incrementar el umbral de votación exigido a los partidos políticos para tener derecho al financiamiento público estatal, del 3% al 10%.
Algo pasó.
La sesión extraordinaria convocada para las 21.40 horas de ayer para aprobar la iniciativa, empezó unos 40 minutos más tarde. Incluso, la secretaria de la Mesa directiva, Dennis García Gutiérrez (y no la presidenta, Natividad Díaz Jiménez) anunció la suspensión de la sesión porque la Comisión de Puntos Constitucionales pidió bajar el dictamen correspondiente.
No se dijo por qué.
Pero evidentemente hubo algún inconveniente interno, en la Legislatura o en la misma bancada de Morena con la iniciativa que también proponía ajustar los porcentajes de financiamiento para los partidos locales, aunque no a la alta, pero sí con diversos requisitos.
Quien sabe si la Comisión de Puntos Constitucionales no tuvo tiempo de elaborar el dictamen, pues la iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria de este martes, o al menos en ésta el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Benjamín Viveros Montalvo, fijó el posicionamiento respectivo.
No se sabe si en una sesión posterior, la aprueben.
Pero por el momento, fue mejor bajar la iniciativa. Porque parecía inviable pues se contrapone a la Constitución Política Federal, la cual establece un umbral de al menos el 3% de la votación válida emitida obtenida por un partido político para conservar el registro nacional, mismo umbral que les da derecho al financiamiento público federal. Y en las entidades federativas es lo mismo, igual para los partidos locales.
En su momento, el PRI benefició al PUP reduciendo de 3 a 2 el porcentaje para tener derecho a entrar al reparto de las diputaciones plurinominales. Pero en cuanto al porcentaje para conservar el registro, la Corte dijo que prevalecía el 3%.
Y conservando el registro tanto partidos políticos nacionales como locales tienen derecho al financiamiento público en términos de la Constitución Política Federal.
Las legislaturas de las entidades federativas tienen cierta libertad configurativa, pero las normas que aprueben no deben chocar con las disposiciones constitucionales federales, ni con las normas generales. Incluso, tienen que seguir la misma fórmula para calcular el financiamiento público tanto para partidos políticos nacionales como locales.
No obstante, tiene razón el diputado Benjamín Viveros Montalvo al señalar que
“En un estado con tantas necesidades sociales como el nuestro, donde las demandas de atención a ellas es imperante y los recursos para su atención limitados, no podemos seguir destinando cantidades mesiánicas de dinero a partidos políticos que no cuentan con respaldo de la ciudadanía.”
Aunque, claro, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano seguramente vieron en la iniciativa una intención de aniquilar a la oposición. Y quizá también el PVEM y el PT vieron cierto riesgo en su contra porque si bien en las pasadas elecciones de diputaciones locales obtuvieron (según la tabla del IEEPCO de distribución de votos por partido político) el 10.34% y el 11.34%, respectivamente, fue prácticamente de chiripa, gracias a que por el Verde compitieron varios cuadros morenistas y gracias a que el PT compitió solo, entonces se esforzó por sí mismo.
Quien sabe si tengan la misma suerte en próximas elecciones.
En las elecciones 2024, ningún otro partido político nacional de oposición alcanzó el 10%. Y una reforma como la planteada, los dejaría sin financiamiento público estatal.
El caso del PT confirma lo planteado por el diputado Viveros Montalvo: “El incremento del 3% al 10% para los partidos nacionales que deseen financiamiento local obliga a las distintas fuerzas políticas a trabajar más intensamente por el apoyo popular”.
El PT al competir solo trabajó a todo babor, y por sí mismo obtuvo alta votación.
En fin, es buena idea “no destinar cantidades mesiánicas de dinero a partidos políticos que no cuentan con respaldo de la ciudadanía”, porque además los partidos con pocos recursos destinan éstos a gasto corriente, sobre todo para fines personales de los dirigentes. Aunque en los partidos grandes también se sigue el mismo patrón, ¿o hay excepciones?
Sin duda, hace falta legislar sobre el financiamiento público a los partidos políticos, sobre un umbral más alto para mantener el registro y sobre reglas para condiciones de igualdad para todos que permita a los partidos minoritarios ser competitivos o extinguirse por no conseguir, ni así, el respaldo ciudadano. Pero primero debe hacerse a nivel federal para que luego las entidades federativas armonicen la legislación correspondiente, con la salvedad de los márgenes de libertad configurativa. Habría que encontrar la forma.
Por cierto, es buena la siguiente propuesta del diputado Benjamín Viveros: “Cada partido político procurará destinar anualmente hasta el veinte por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, en acciones que beneficien al desarrollo social y colectivo, en los términos dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social”.
Eso les ayudaría a mantener simpatizantes, clientela política electoral.
Sin embargo, habría que replantear la propuesta para que encuadre legalmente en los fines de los partidos políticos.
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