Rosy RAMALES
Una sesión que ameritaba solamente la formalidad para aprobar los reglamentos de la Oficialía Electoral y de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se prolongó alrededor de cinco horas, incluido un forzoso y amplio receso.
Y se evidenciaron en todo su esplendor las flaquezas en el órgano electoral. ¿Cuáles?
Primera: Consejeros, consejeras, Consejero Presidente y representantes de partidos políticos se hacen bolas en la aplicación de la normatividad. Claro, no es nada fácil elaborar reglamentos ante un desbarajuste jurídico a causa del “desaseo” legislativo de nuestros diputados y diputadas locales, que provocó que la Corte invalidara la Ley Electoral de Oaxaca.
Es totalmente comprensible las naturales dudas sobre cómo aplicar la normatividad existente, sobre todo en temas donde la reforma electoral constitucional local prevalece, o donde la norma se ubica en el viejo Código Electoral.
Segunda: Representantes partidistas – no todos – que no asisten a las sesiones de las Comisiones Permanentes del IEEPCO en las cuales pueden opinar y hasta proponer a efecto de que los consejeros y consejeras integrantes de dichas Comisiones tomen en cuenta sus consideraciones, en lo procedente. Sin embargo, no van, y en las sesiones del Consejo General solicitan modificaciones a los documentos y alargan las discusiones.
Claro, siempre cabe corregir o aumentar aspectos necesarios en la misma sesión del Consejo General. Pero se nota cuando llegan a enterarse ahí mismo de los temas, salvo cuando adrede no les circulan con antelación los documentos de los asuntos del orden del día.
Tercera: Y es la flaqueza más grave: Consejeras y consejeros con serias diferencias entre sí, que de roces por divergencia de criterios profesionales han pasado a pleitos personales. Se nota a mil kilómetros a la redonda, y hasta donde alcanza la señal de internet.
Las diferencias han sido notorias sesión tras sesión. Primero eran entre un grupo conformado por los consejeros Gerardo García Marroquín y Filiberto Chávez Méndez, la consejera Nora Hilda Urdiales Sánchez, y el Consejero Presidente Gustavo Meixueiro Nájera, con el grupo del consejero Uriel Pérez García y las consejeras Elizabeth Bautista Velasco y Rita López Vences.
El primer grupo se agandallaba posiciones y todo (todo), y el segundo grupo se quedaba como convidado de piedra. Finalmente llegaron a un acuerdo en la integración de la estructura del IEEPCO y, ¡zaz!, ahí que se da otro rompimiento. El Consejero Presidente se inclinó más con el grupo de Uriel, mientras tanto Marroquín (y su grupo) adoptó una posición de contreras. En muchos de los casos ha tenido razón, pero en otros no.
Claro, en un órgano político y deliberativo como el Consejo General del IEEPCO, pues el debate y el disenso son normales, sobre todo entre representantes de partidos políticos y entre éstos y los consejeros y consejeras electorales; en éstas y éstos últimos cualquier disenso casi siempre es menor porque el debate ya lo dieron previamente en comisiones.
Uy, pero ahora van a dar el debate… más bien, el pleito en la sesión plenaria, como la de ayer, donde, por ejemplo, el consejero Marroquín manifestó estar en desacuerdo, anunciando voto en contra, con el proyecto del Reglamento de Quejas y Denuncias, donde atribuir al Tribunal Estatal Electoral la facultad de resolver los procedimientos especiales sancionadores se convirtió en el tema polémico.
Marroquín consideró que ese punto no debería considerarse en el reglamento, porque no existe la normatividad secundaria correspondiente y debía aplicarse el Código viejo; hasta calificó de “anomalía institucional” la operatividad en el IEEPCO. Evidentemente, Elizabeth, presidenta de la Comisión de Quejas, se molestó y, en uso de la voz, dijo que ella sí estaba trabajando, que debía asumirse la responsabilidad y no salirse de las sesiones de la Comisión respectiva, que el reglamento tomaba en cuenta lo establecido en la Constitución local, etc, etc.
El tono de Marroquín y de Elizabeth estaba lejos de la mera argumentación jurídica; sonaba a reproches, a diferencias incluso en la actitud; del disenso profesional pasaban a la divergencia personal, y la mera postura institucional entre personas adultas, pasaba a berrinche.
Gustavo Meixueiro, como moderador de la mesa, solamente seguía el áspero “debate” entre las consejera y el consejero, como cuando el réferi no hace nada por separar a los boxeadores, e interviene ya cuando ambos tienen los ojos morados; habló al final para decir (a favor del argumento de Elizabeth) que el viejo Código Electoral aplica en lo que no se oponga a la normatividad general.
Ciertamente; Gustavo y Elizabeth tienen razón…. Pero ¿y que va a pasar si el Senado no integra el nuevo Tribunal Electoral? ¿Podrá el actual Tribunal Electoral, el cual pertenece al Poder Judicial –y el nuevo no–, conocer del procedimiento sancionador?
Sin duda, las consejeras y consejeros del IEEPCO tienen difícil el tema de la reglamentación; no es su culpa, sino es culpa de los diputados. Sin embargo, el pleito entre ellos y ellas hace más compleja la situación, y en vez de funcionar como un engranaje, funcionan como bandas opuestas.
Caray, ¿y ahora cual es el fondo del pleito?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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