Rosy RAMALES
Haber escuchado ayer el grito de dolor, de indignación e impotencia de familiares, amigos, y compañeros estudiantes de Diego, caló hondo.
La muerte (asesinato) del jóven a manos de elementos de la policía municipal o vial municipal de Santa Lucía del Camino, es como para que Juan Carlos García Márquez renuncie como presidente municipal. Pero ya.
Es una de las demandas al parecer de la gente cercana a Diego.
Pero a Juan Carlos solamente le quedan escasamente 4 meses, porque su trienio concluye el último día de diciembre próximo.
Pero como fue reelecto en junio pasado, el 1º de enero nuevamente asumirá como presidente municipal de Santa Lucía del Camino para otros tres años, si acaso su elección ya hubiese quedado firme.
Si toma posesión nuevamente como munícipe y si la tormenta no amaina, tal vez tenga problemas derivados de los hechos en los cuales perdió la vida Diego cuando junto con otra persona evadió el operativo alcoholímetro, según el parte informativo de la policía municipal.
El presidente municipal no es el directamente responsable de los hechos. Pero sí es el responsable de la capacitación de los elementos de la policía municipal y/o municipal vial, y de las prácticas mediante las cuales venían realizando el operativo alcoholímetro.
¿O no sabe cómo procedían sus elementos?
Como escarmiento y para mandar un mensaje a todo titular de las presidencias municipales (las 570), sería bueno que García Márquez presente licencia indefinida para separarse del cargo ahora; y también cuando en su caso asuma nuevamente la presidencia municipal el próximo 1º de diciembre, o que de plano ni lo asuma para que de inmediato suba su suplente.
Aunque la licencia indefinida (o renuncia) no le devolverá la vida a Diego. Tampoco la separación del cargo de los mandos policíacos; ni siquiera el encarcelamiento de los dos policías detenidos como presuntos culpables.
Sin embargo, la familia de Diego, sus amigos, sus compañeros, quieren justicia. La sociedad también.
No así las personas oportunistas que ayer se montaron en el dolor sincero de la gente que marchó en demanda de justicia para Diego. Las personas oportunistas querían el desbordamiento social para generar desestabilización estatal. En fin, este es otro tema.
A ver qué pasa con Juan Carlos García Márquez.
Qué bueno que el gobernador Salomón Jara Cruz no defendió al presidente municipal (emanado de Morena). Ni metió las manos al fuego por los presidentes municipales del resto de municipios conurbados, ni por el de la capital oaxaqueña. Aunque no mencionó nombres. Pero como reza el dicho: “Al buen entendedor, pocas palabras.”
Y hay cosas que el mandatario estatal dijo claritas: Las policías municipales y/o viales han convertido en práctica recaudatoria y de extorsión el operativo alcoholímetro.
Pero eso, ¡se acabó!
Qué bueno.
Y ya el Secretario General de Gobierno, Jesús Romero López, adelantó que se revisa la posibilidad de que el operativo lo realice la Policía Estatal Vial.
El gobernador Salomón Jara también dijo claramente que las peores policías municipales son las de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas y Santa Lucía del Camino. Y donde las cosas andan peor que de cabeza es en Santa Cruz Amilpas.
En fin.
Los lamentables hechos ocurridos en Santa Lucía del Camino, harán que el operativo alcoholímetro tome otro camino. Y deben hacer que las autoridades competentes pongan más atención en la actuación de los presidentes municipales y sus policías.
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