Rosy RAMALES
Tras los resultados de la Revocación de Mandato, el gobernador Salomón Jara Cruz se comprometió a realizar cambios en su gabinete. ¿Recuerdan? Bueno, pues algunos de esos cambios se acompañaron con modificaciones a la estructura gubernamental, pero que, a decir verdad, no se podían realizar en el preciso instante.
Sin embargo, se están realizando. Por ejemplo, la desaparición de la Secretaría del Trabajo para fundir las funciones en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), que preside el empresario Raúl Ruiz Robles, quien, por cierto, ha durado en el cargo asumido desde el inicio del sesenio jarista.
Y cómo no, si en su sector está considerado como un “destacado empresario” con más de 30 años en el sector, tiene estudios de maestría en administración de empresas y cuenta con dotes de liderazgo, lo cual le ha permitido estar al frente de cámaras empresariales.
Parece que será uno de los empresarios que saldrá invicto al concluir la administración de Salomón Jara como Gobernador de Oaxaca.
En fin, retomando el tema, se puede cambiar funcionarios de un día para otro, no así el andamiaje de la estructura gubernamental; esto es más complejo, requiere de ciertas tareas del Ejecutivo y de un proceso legislativo.
En cuanto al proceso legislativo, en la sesión ordinaria del martes pasado la diputada Tania Caballero Navarro, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura del Congreso del Estado, presentó una Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Y en esa iniciativa se considera la extinción de la Secretaría del Trabajo para fusionar y transferir sus funciones y recursos a la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual cambiará su denominación a Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo.
Francamente la Secretaría del Trabajo no debió crearse en este sexenio, considerando la experiencia de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, donde los resultados de una dependencia similar no dio los resultados esperados; más bien entonces se creó por razones políticas.
En fin, la iniciativa presentada por la diputada Tania Caballero también plantea una reestructuración en materia de pueblos originarios, para lo cual se propone extinguir el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca para integrar sus atribuciones a la actual secretaría del ramo, la cual adoptará el nombre de Secretaría de Pueblos Originarios, Afromexicano, Lenguas e Interculturalidad, con el propósito de transversalizar los derechos lingüísticos e interculturales.
Ese fue otro de los compromisos del gobernador Salomón Jara tras la jornada revocatoria.
Hasta donde se sabe, en los hechos se empezaron a implementar los cambios, pero faltaba la reestructuración legal, que es lo que ahora se está realizando.
Conforme a la iniciativa, mediante las reformas propuestas se busca modernizar la administración pública estatal, evitar duplicidades, optimizar recursos y homologar el marco jurídico con los cambios administrativos de las últimas dos décadas.
Así la reforma también considera, entre otros aspectos:
Reconocer a la fe pública como una potestad del Estado cuyo depositario originario en el ámbito del Poder Ejecutivo es el Gobernador, facultando su ejercicio a servidores públicos o particulares habilitados mediante los actos jurídicos correspondientes.
Modificar la atribución del refrendo de los decretos, acuerdos y disposiciones generales del Gobernador —así como de las leyes y decretos emitidos por el Congreso— para que recaiga en la Consejería Jurídica, incorporando además facultades para substanciar procedimientos de expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio conforme a la nueva Ley de Expropiación.
Así las cosas por el momento. Porque, al parecer, falta formalizar algunos otros cambios.
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