Rosy RAMALES
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado envuelto en el más grande escándalo de corrupción, de dudas sobre el pasado y el presente, que ya no se sabe si la inmundicia empezó con Guadalupe Taddei Zavala o si su ambición y traspiés amorosos vinieron a destapar la cloaca que ahondaron ella y José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material y documentación electoral.
Está bien, como plantea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que las autoridades competentes urgen en el INE e investiguen quien fundó las empresas vinculadas a dicho proveedor y su hermano, desde cuándo han sido beneficiadas con contratos y montos, tanto por el Instituto como por los Organismos Públicos Locales (OPL).
Qué se sepa, al menos hasta donde la normatividad lo permita. Revisar 25 años atrás, parece imposible legal y técnicamente. Quién sabe si el Instituto guarde los contratos o los destruye junto con el material electoral, o si la Auditoría Superior de la Federación conserva los archivos de las fiscalizaciones correspondientes. En cuanto a los OPL, habría que ver cuál es la instancia competente para auditarlos.
Siempre ha sido un secreto a voces el diezmo de proveedores de insumos electorales para conseguir contratos. Pudo haberse practicado desde hace 25 años o quizá desde hace 36 años (en 1990) cuando nació el IFE, presidido entonces por el Secretario de Gobernación. Es hasta 1996 cuando el Instituto se desliga del gobierno y se crea la figura del consejero presidente, siendo José Woldenberg el primero.
Después de Woldenberg, presidieron el IFE Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita. Luego, por mandato de la reforma del 2014 el IFE se transformó en INE, siendo Lorenzo Córdova el primero en estar al frente del Consejo General. Francamente, es muy difícil creer que alguno de ellos se haya despachado con la cuchara grande concediendo contratos de materiales, documentación y papelería electoral.
Porque había controles internos. El consejero presidente no tomaba decisiones unilaterales en los asuntos relevantes que exigen del aval del colegiado. Por lo mismo difícilmente imponían incondicionales en las direcciones ejecutivas, lo cual era un contrapeso en las decisiones administrativas.
Todo eso se vino abajo cuando el actual Congreso de la Unión quitó facultades al Consejo General para dárselas a Taddei.
Los controles y el profesionalismo de Woldenberg dieron fama al IFE como una institución creíble, imparcial, autónoma, garante del voto y pilar de la democracia mexicana. Sus sucesores pusieron su granito de arena, sin que hayan estado exentos de errores, pero nunca del tamaño de los errores de Taddei…¿O sí?
Lorenzo Córdova tampoco es el clon de San Francisco de Asís; es muy cuestionable en cuanto a la designación de las consejerías de los OPL, pero no es responsable de la llegada de Taddei al INE.
Los asesores de la presidenta Sheinbaum, no deberían engañar. Porque la exigencia de revisar 25 años atrás o más, parece más bien una acción política para aminorar el impacto negativo sobre Morena por haber impulsado y empoderado a Taddei.
Sin embargo, sería bueno que se investigue todo. Pero a la par, lo urgente, es la investigación sobre el desaseado proceder de Taddei para saber a ciencia cierta a cuánto asciende el costo de su corrupción, empezando por cuántos contratos otorgó y a quiénes. Incluso, indagar qué morenista la propuso y si éste se llevó tajada.
Es exactamente como ha dicho el diputado Alfonso Ramírez Cuellar: “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”. Y a cadena perpetua.
Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya congeló sus cuentas junto con las de 50 personas, incluyendo a proveedores de materiales electorales, con la vista correspondiente a la Fiscalía General de la República.
CLAUDIA ESPINO
Claudia Arlett Espino puede correr la misma suerte de la cárcel, considerando que a la Secretaría Ejecutiva del INE corresponde la atribución de representar legalmente al Instituto. Entonces, debió haber firmado contratos.
Dependerá de ella demostrar ser inocente de la corrupción en el INE, al cual renunció días antes del inicio del proceso electoral federal argumentando razones de salud. Sin embargo, pronto aceptó la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, cargo al cual acaba de dimitir probablemente por los efectos de su paso por el Instituto.
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