Rosy RAMALES
A partir de este miércoles el Instituto Nacional Electoral (INE) inicia una nueva era: La de un Consejo General integrado totalmente bajo la batuta legislativa de la “Cuarta Transformación”, por no decir afín al movimiento guinda o por lo menos con ciertas coincidencias con Morena, el PVEM y el PT.
La transformación del órgano de máxima decisión del INE empezó en julio del 2020, cuando con el voto de 399 diputados en favor, la Cámara de Diputados nombró consejeras a Norma Irene Cruz Magaña y Carla Humphrey Jordan, y como consejeros a José Martín Fernando Faz Zamora, y a Uuc-kib Espadas Ancona.
Siguió en marzo del 2023, con la designación por tómbola de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Consejo General del INE; de Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura, como consejera y consejeros electorales.
Y se consumó este abril del 2022 con la elección de Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López.
En realidad, la 4-T no hizo mucho esfuerzo para ir transformando el Consejo General del INE. Tan solo aplicó la normatividad heredada del PRI, del PAN y del PRD que en su momento como principales fuerzas políticas confeccionaron la reforma electoral del 2014, donde se estableció el procedimiento para la integración del órgano de máxima decisión del Instituto.
Probablemente el procedimiento no fue diseñado en beneficio de un partido mayoritario con dos aliados electorales que legislativamente actúan como uno solo, salvo en la reciente ocasión en que el PT y el PVEM rechazaron la reforma constitucional electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum; y respaldaron el “Plan B” pero a condición de modificarlo.
Aunque sí, el procedimiento fue diseñado para beneficiar a las principales fuerzas políticas actuantes en la Cámara de Diputados vía su respectiva bancada y participación en la Junta de Coordinación Política, donde se construyen los consensos para la propuesta final de consejerías de entre las quintetas remitidas por el Comité Técnico de Evaluación.
El PRI construía consensos con el PAN, el PRD, el PVEM y con algún otro partido minoritario. Porque no contaba con la mayoría calificada; incluso, en alguna de las últimas legislaturas como partido gobernante tampoco tenía la mayoría absoluta. Entonces, necesariamente se tenían que construir consensos para elegir consejerías del Consejo General del INE.
Hasta el Comité Técnico de Evaluación fue diseñado para dar un matiz de transparencia a la selección de perfiles de entre los aspirantes inscritos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia no estaban en poder del partido gobernante, o al menos guardaban las apariencias. Así que las personas designadas por ambos órganos autónomos para integrar el Comité no guardaban estrecha relación con el PRI, PAN o PRD.
Era un filtro hasta cierto punto funcional.
Hoy es distinto. Es funcional, pero de modo inverso.
En fin, el INE ha iniciado una nueva era en medio de la incertidumbre sobre la actuación de las consejerías electorales, que son quienes tiene voz y voto; las representaciones partidistas solo tienen voz. Por cierto, debido al manto de la 4-T hay dudas fundadas sobre la imparcialidad e independencia de las nuevas consejerías para permitir decisiones ceñidas al resto de los principios de la actividad electoral: Objetividad, certeza, legalidad y máxima publicidad.
Como dijo la consejera Denisse Gómez Puga en su mensaje de estreno en la herradura de la democracia: “Somos lo que hacemos, no lo que hablamos”.
Exacto, comprometerse públicamente a respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y los principios rectores de la actividad electoral, solamente será creíble cuando en los hechos lo demuestren.
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