Rosy RAMALES
Rubén Rocha Moya forma parte de una camada de gobernadores y de gobernadoras electos y electas en 15 entidades federativas en el 2021. Y desde la campaña, sino es que antes, el entonces candidato común de Morena y el Partido Sinaloense (PAS) a la gubernatura de Sinaloa enfrentaba señalamientos (mediáticos) de nexos con el crimen organizado.
El proceso electoral de 2021 en su momento fue considerado como uno de los más violentos y permeados por la delincuencia organizada en la historia reciente de México. El Anexo:Actos de violencia contra políticos en las elecciones de México de 2021 registró:
“Desde el inicio del proceso electoral, en septiembre de 2019 hasta el 11 de mayo de 2021 se (reportaron) 143 asesinatos de carácter político. De los fallecidos, 26 eran candidatos o aspirantes a una candidatura, 59 eran funcionarios o exfuncionarios públicos, diez activistas políticos, cuatro dirigentes de partido, tres presidentes municipales y 41 tenían alguna otra vinculación con la política.”
En su artículo del 4 de noviembre del 2024, la consejera electoral Carla Humphrey refirió que a esa fecha Data Cívica había documentado 30 asesinatos de personas precandidatas y candidatas, 32 amenazas, 14 ataques armados, 37 atentados y 9 secuestros.
El estudio de Integralia Consultores denominado “Crimen Organizado y el Proceso Electoral 2020-2021”, acertadamente indica:
“Los procesos electorales son periodos de incertidumbre para el crimen organizado, pues no hay garantías de que los nuevos representantes electos mantendrán o entrarán en esquemas de colusión y corrupción. Por ello, buscan injerir en los resultados electorales para garantizar el triunfo de figuras afines a sus intereses, a través de distintas estrategias”.
Estrategias como la violencia política (en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos); financiamiento de campaña; injerencia en el proceso de definición de candidaturas en los procesos internos de los partidos políticos para impulsar la postulación de figuras afines a las organizaciones criminales; intimidación y coacción de votantes y de operadores políticos para desincentivar la participación ciudadana; y violencia en casillas para evitar que gane una candidatura distinta.
Por cierto, el estudio de Integralia a pesar del transcurso del tiempo aporta datos duros y análisis sin desperdicio. Se enfoca sobre todo a la infiltración del crimen organizado en el ámbito municipal.
Sirva el caso del gobernador Rubén Rocha Moya (de quién autoridades estadounidenses piden su extradición acusado de vínculos con el narco) y sirvan las estadísticas sobre el latente riesgo de la intromisión del crimen organizado en las elecciones mexicanas, para reflexionar en los procesos electorales 2026-2027, acechados seguramente por el crimen organizado.
Procesos electorales que de controlarlos, serían muy rentables para el crimen, pues representan elecciones de diputaciones federales, 17 gubernaturas, la mayoría de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Además, habrá elección de personas juzgadoras, salvo que la 4-T posponga la elección judicial.
¿Quiénes deben reflexionar? Todos los actores políticos, incluída la ciudadanía.
Pero de entrada, los partidos políticos, los cuales deben ser el primer filtro para evitar la injerencia del crimen organizado en la postulación de candidaturas afines a éste. Aunque si el crimen ya se encuentra hasta en el tuétano de las dirigencias partidistas, será complicado impedir el paso de sus candidaturas, no quedando más que la denuncia pública y la actuación de las autoridades electorales y comunes competentes.
Luego deben reflexionar las autoridades: Organismos Públicos Electorales, Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunales Electorales Estatales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Fiscalías en Delitos Electorales.
Pero no basta la postura aislada de una o dos consejerías o magistraturas electorales, sino son necesarias las decisiones colegiadas. Por ejemplo, que los órganos de máxima decisión del INE y de los OPL avalen acuerdos y lineamientos para endurecer (en la medida de sus facultades) las reglas de fiscalización de los recursos de campaña. Y que los tribunales respalden el endurecimiento.
Porque a veces resulta que el INE intenta cerrar el paso a situaciones ilícitas, y el Tribunal da el revés. Aunque todo es incierto con la actual integración del Consejo General del Instituto, habiendo más certeza en la afinidad casi colegiada hacia la 4-T.
Las autoridades electorales están a tiempo de tomar las medidas necesarias, ya que en el Congreso de la Unión se negaron a elaborar reglas para acotar la intervención del crimen organizado. El Plan “B” de la reforma electoral, era propicio.
Quizá es hora de dar toda la fuerza a las causales constitucionales de nulidad de las elecciones, sobre todo las siguientes: Exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
