Rosy RAMALES
Tiene razón el Instituto Nacional Electoral (INE): El mismo legislador le otorgó la exclusividad en la promoción del voto y de las campañas de la elección judicial.
Lo único que hizo el INE es prácticamente vaciar el contenido normativo en el Acuerdo sobre los criterios para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda para el proceso electoral extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación, y ampliar la interpretación.
Acuerdo ya impugnado 29 veces.
Pero en dicho acuerdo, el Instituto cita cada uno de los artículos de la Constitución y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en los cuales se basó para elaborar los criterios. O sea, está fundamentado.
Cita por ejemplo un precepto clave, el 506 de la ley secundaria: “Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución.”
Y el 134 constitucional se refiere a diversos principios: La obligación de los órganos de gobierno de aplicar con imparcialidad los recursos públicos; equidad y neutralidad, así como a la propaganda gubernamental.
Incluso, el Acuerdo cita uno de los fines del Instituto: “Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.”
A las personas legisladoras de las cámaras del Congreso de la Unión se les fue, como al mejor cazador que se le va la liebre. Por aprobar de prisa la Reforma Constitucional Judicial y luego las leyes secundarias, olvidaron legislar algo tan primordial como es la promoción amplísima de la elección judicial, con la cual nadie está familiarizado.
Y realizar una reforma a estas alturas, cuando ya corre el periodo de campaña, es algo complejo. Porque en materia electoral, no pueden hacerse reformas de fondo si no es al menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, salvo que ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) interprete de forma distinta la Carta Magna.
Incluso, podría interpretar de forma distinta los artículos de la Constitución y de la LGIPE en los cuáles el INE fundamentó el Acuerdo sobre los criterios en comento. Que diga, por ejemplo, que la prohibición del uso de recursos públicos es para promover candidaturas a cargos judiciales y realizar propagada a favor de éstas, no así para la promoción genérica de la elección judicial.
Y para justificar la promoción, podría dar prioridad a los derechos político electorales de votar o ser votado. Algo así. Sería cuestión de una interpretación por parte de la Sala Superior del TEPJF cuando resuelva la lluvia de medios de impugnación.
Pero permitir que los poderes públicos promuevan la elección judicial, aún de forma genérica, abriría la puerta a la intención de promover más adelante cualquier tipo de elección popular o ejercicios de participación ciudadana, a riesgo, en todos los casos, de violentar principios constitucionales como el imparcialidad, equidad, neutralidad.
Sí, la promoción del voto es exclusiva del INE.
Sin embargo, también es cierta la necesidad de promover amplia y detalladamente la elección judicial; no solamente difundir que ahora las personas juzgadoras van a ser electas por voto popular, que la jornada electiva tendrá lugar el 1º de junio próximo, sino al mismo tiempo difundir cómo votar, porque no será igual que en otras elecciones.
No basta con el portal informativo del INE sobre el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, ni con unos cuantos spots de radio y televisión.
A ver cómo resuelven el dilema.
Una propuesta del Instituto, más bien de la consejera electoral Dania Ravel, es que el gobierno ceda sus tiempos de radio y televisión al INE para difundir la elección judicial. Es una propuesta acertada (aunque quién sabe si suficiente) sin el riesgo de violentar principios constitucionales.
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