Rosy RAMALES
Con la reforma de 2014, los Institutos Estatales Electorales mutaron a Organismos Públicos Locales (OPL) para integrarse a un sistema nacional híbrido, pues formalmente conservan su autonomía e independencia para organizar elecciones de las entidades federativas, pero al mismo tiempo el INE interviene: Designa y remueve a sus consejerías, las coordina, les dicta lineamientos sobre asuntos relevantes sobre los comicios, etc.
En la práctica esto ha reducido a los OPL en otro órgano desconcentrado del INE. Incluso, ante el temor de ser removidos, las y los consejeros han optado por el bajo perfil, aunque algunos ya lo traen de nacimiento. Ahora, con el escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei, trascendió que algunos habrían sido nombrados a cambio de favorecer contratos de materiales, documentación y papelería electoral con proveedores allegados a ella.
Cabe recordar que la creación de normas generales para homologar la operación de los OPL fue impulsada principalmente por dos partidos en 2014: el PAN y el PRD. Por su parte, el PRI y su entonces aliado, el PVEM, no tuvieron más remedio que avalar estos cambios como moneda de cambio para sacar adelante su propias reformas en el paquete completo.
Con las normas generales se buscó establecer un estándar de OPL en las 32 entidades federativas, pues antes del 2014 cada instituto estatal electoral se regía por sus propias leyes electorales confeccionadas por el congreso local, por lo que de un estado a otro variaban tanto el número de consejeros como sus atribuciones.
Pero el fondo político de la creación de los OPL fue quitarle a los gobernadores, diputados locales y grupos fácticos de poder estatal, el control sobre el árbitro electoral, cuyos consejeros eran electos por cada congreso local. Hoy cabe preguntar: ¿En verdad se les quitó ese control? Sin duda, es un tema que amerita una columna completa.
A la luz del escándalo de la corrupción en el INE que ha arrastrado a los OPL –si no a todos, sí a buena parte– sería conveniente que el Congreso de la Unión revise en una próxima reforma electoral la pertinencia de devolver estos órganos a la esfera de las entidades federativas; o sea, desvincularlos del INE tanto en el nombramiento y remoción de sus consejerías como en buena parte de sus funciones operativas.
Tal vez mantener un marco jurídico general y la homologación de los OPL en cuanto al número de consejeros, pero devolviéndoles su autonomía e independencia; eso sí, diseñando un riguroso esquema de fiscalización de los recursos públicos que ejercen estos organismos, donde incurren en irregularidades.
Pero los órganos de control interno no pueden suspender ni inhabilitar consejerías, porque está es una facultad del INE. Así ocurrió, por ejemplo, en el OPL de Oaxaca.
En fin, hay muchas cosas buenas, pero también malas en la reforma del 2014. El INE dejó de ser solo el árbitro de elecciones federales para arbitrar también comicios locales. De hecho, podía hacerlo, pero de manera restringida; la reforma le dio amplias facultades.
Por ejemplo, para elecciones locales el INE tiene la exclusividad en la geografía electoral, en el Padrón Electoral y Lista Nominal, en la ubicación de casillas y designación de funcionarios, en la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, precandidaturas y candidaturas; en la administración de los tiempos de radio y televisión destinados a fuerzas políticas y autoridades electorales, en emitir lineamientos sobre encuestas, conteos rápidos, Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y en la impresión de documentos y producción de materiales electorales.
En tales rubros, los OPL solamente acatan los dictados del INE.
Y por si fuera poco, el INE tiene facultades extraordinarias llamadas Asunción, para asumir la realización de todas o parte de las actividades de la función electoral que corresponden a un OPL; Atracción, para atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de estos organismos; y Delegación, para delegarles algunas de las facultades exclusivas del Instituto, cosa que casi nunca ocurre.
¿Qué facultades dejaría usted al INE respecto de los OPL?
Teóricamente la mayoría parecen correctas. Sin embargo, el Instituto al parecer se ha excedido de modo tal de tener a los Organismos Públicos Locales como sucursales; a veces hasta les manda funcionarios con eso del esquema del servicio profesional electoral nacional. Se centralizó excesivamente la organización electoral.
Entonces los OPL ¿deben desvincularse del INE, seguir como están, o desaparecer?
Lástima que los partidos políticos, empezando por el partido gobernante, solo ven su propio futuro, pero no el destino de los OPL en una perspectiva democrática.
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