Rosy RAMALES
De nada sirvió la explicación de las consejeras electorales a las y los diputados sobre la justificación de un presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) del orden de los 40 mil 476 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, de los cuales presupuestó alrededor de 13 mil millones para la elección extraordinaria de más de 900 cargos del Poder Judicial de la Federación.
Los argumentos de las consejeras Norma Irene De la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences no fueron suficientes para convencer a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), a efecto de pasar al Pleno el presupuesto del INE tal como lo solicitó.
El INE pidió 13 mil 205 millones de pesos para la elección extraordinaria de juzgadores, y la Cámara de Diputados le redujo 13 mil 476 millones.
No le dio ni un peso y todavía redujo más el presupuesto del Instituto.
Así que la Cámara de Diputados trata al INE casi casi como a “La Bartola”: “Oye bartola, hay te dejo estos dos pesos/ Pagas la renta, el teléfono y la luz./ De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto./ Guárdame el resto, pa’ comprarme mi alicur.”
Porque capaz que la Tesorería de la Federación le pide devuelva lo que le sobre, así sean centavos.
En fin, las y los diputados de la 4-T quieren que el INE haga milagros. Y el Instituto puede, apretándose el cinturón en otros gastos. Aunque parece que el sacrificio presupuestal del Instituto no será tan drástico; sí le alcanza (aunque tal vez apretadamente) para organizar las elecciones extraordinarias del Poder Judicial con la misma calidad de las anteriores a cargos populares.
Verán, en los 40 mil 476 millones de pesos solicitados por el INE se contemplaban 4 mil 620 millones para una eventual consulta popular, que ya no habrá porque al vencer el plazo nadie la solicitó. Ahí hay un ajuste que puede beneficiar a la organización de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial, salvo que no sea así.
Los 7 mil 354 millones de pesos de prerrogativas a los partidos políticos son intocables por mandato constitucional. Pero el INE puede ajustar los 15 mil 295 millones de pesos de su gasto ordinario para aplicarlo a la organización de las elecciones judiciales, además, según se ha explicado, el Instituto ya ha tomado medidas para sacar adelante la elección.
Habría que ponerse en los zapatos de las consejerías electorales para saber a ciencia cierta las necesidades presupuestales del INE en torno a la elección extraordinaria de cargos del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el Instituto podría usar las urnas de las pasadas elecciones federales, mamparas y marcadoras de la credencial para votar con fotografía. Podría implementar el voto electrónico en aquellas demarcaciones donde ya ha hecho ejercicios al respecto.
Incluso, podría delegar a los Organismos Públicos Electorales de las entidades donde en 2025 habrá elecciones, las funciones que en materia de elecciones locales corresponden al INE; éste tiene la facultad de delegar funciones. Y ahí se ahorra un dinero que se puede aplicar a la organización de la elección judicial.
A ver cómo le hace, pero su función y su obligación es organizar elecciones con estándares de calidad. No solamente va de por medio la legitimidad de las elecciones, sino también el prestigio del Instituto y la cabeza de las consejerías. Si la elección no sale bien, la 4-T no se va a tocar el corazón para desaparecer al INE para cambiarlo por otro ente encargado de organizar elecciones, y menos se va a tocar el corazón en enjuiciar consejerías.
Incluida, hasta la consejera presidenta Guadalupe Taddei, aunque sea proclive a la 4-T.
UNA REFORMA ELECTORAL
Una reforma electoral en la cual se le quiten al INE las funciones que dobletea con los OPL, vendría a solucionar en lo sucesivo (y en parte) el altísimo presupuesto anual del Instituto. Lo mismo la fiscalización de sus gastos.
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