Rosy RAMALES
El Instituto Nacional Electoral (INE) parece un convidado de piedra ante el evidente inicio fáctico del Proceso Electoral 2026-2027, cuyo arranque formal es la primera semana de septiembre próximo.
No obstante, en víspera distintos actores políticos andan en despliegue territorial con el pretexto de organizarse internamente. El caso de Morena es el más evidente, pero tampoco se quedan atrás el PAN, el PRI, el PVEM, el PT y MC, aún con todas sus limitaciones presupuestales.
Los únicos partidos que van atrasados en el fraude a la ley…perdón, en sus procesos políticos internos son los de nueva creación: PAZ y Somos México. Este último ha protestado por las precampañas y campañas adelantadas de la oposición tradicional (aunque quien sabe si protestaría estando en la condición de aquellos).
A la par, las y los aspirantes a las 17 gubernaturas, diputaciones federales y locales, concejalías a los ayuntamientos, y delegaciones (según la entidad), se mueven sin freno en busca de la candidatura, haciéndose promoción sin recato alguno. Bueno, no todos, pero sí una mayoría.
Mientras tanto el Consejo General del INE se encuentra atrapado en una parálisis reglamentaria que beneficia a quienes han decidido adelantarse a los tiempos legales.
En diversas entrevistas, los consejeros electorales Martín Faz Mora, Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona, así como la consejera Carla Humphrey Jordan, han expresado su preocupación porque el Consejo General ha postergado la regulación, lo cual termina abriendo de par en par la puerta de la inequidad.
Los actos anticipados no es algo nuevo. Todos los partidos políticos siempre se han adelantado a los tiempos legales. Pero en el 2023 rumbo a los comicios presidenciales del 2024, de plano rompieron récord. Morena puso el mal ejemplo, y la oposición lo imitó, principalmente el PAN, el PRI y el entonces PRD nacional.
Innovaron con las figuras de “Coordinadores” y “Defensores”, forzando a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a permitir estos ejercicios considerándolos como “procesos internos inéditos”, instruyendo al INE a emitir lineamientos para, digamos, transparentar el origen y destino de recursos, identificar a los participantes y poner tope a la propaganda.
Esto, harto ya se ha dicho. Y hoy la historia se repite, pero hasta el momento sin contención.
En una entrevista (incluso publicada por el INE), Martín Faz recordó que, en marzo pasado, el consejero Arturo Castillo exhortó al Consejo General a retomar lineamientos similares a los aprobados anteriormente; posteriormente presentó una propuesta que fue rechazada. Y que el consejero Jorge Montaño también impulsó un proyecto, el cual fue retirado de la discusión en dos ocasiones, por lo que el Instituto continúa sin una reglamentación específica en la materia.
Ups. Al denegar la emisión de un marco normativo preventivo bajo el argumento de que esto le atañe al Congreso de la Unión, el INE abdica de la facultad reglamentaria que el propio TEPJF validó como indispensable para salvaguardar la equidad. Claro, lo mejor hubiera sido que la Sala Superior nunca hubiese avalado los procesos internos anticipados; en vez de esto, hubiera obligado a los partidos a ceñirse a los tiempos legales.
Pero el hubiera no existe. Y ahora, sin regulación, los actores políticos con capacidad económica o acceso a recursos de origen incierto ganan terreno sin la obligación de rendirle cuentas al Instituto. Además, tampoco están en riesgo mientras no haya llamado al voto.
Y el criterio sancionador se dispersa en las entidades federativas, donde compete a los Organismos Públicos Locales (OPL) revisar actos anticipados. Pero sin lineamientos, tampoco prospera nada.
En fin, la postergación en el INE al aval de la regulación, obedece en parte a las grietas existentes en dicho órgano colegiado, quizá alimentadas por ideologías o inclinaciones políticas. Unos consejeros están a favor de aprobar lineamientos; otros, simplemente dan largas.
Es evidente que en el Consejo General, el dique es el bloque mayoritario. Aún a riesgo de la credibilidad del INE, al cual la ciudadanía percibe cada vez más como un árbitro que no arbitra. Vaya, el arbitraje electoral no consiste solamente en contar boletas el día de la jornada electoral.
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