Rosy RAMALES
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de avalar un financiamiento público del orden de $7,737,252,697.00 para los siguientes partidos políticos nacionales para el 2026: PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena.
Más bien avaló el acuerdo por el cual determinó dicho financiamiento en base a fórmulas, porcentajes y parámetros establecidos en la Constitución Política que el INE solamente aplica para obtener el gran total que se integra con montos para: Actividades ordinarias permanentes ($7,368,151,626.00), actividades específicas ($221,044,549.00), franquicia postal ($147,363,030.00) y franquicia telegráfica ($693,492.00).
La distribución también se encuentra determinada en la Constitución: El 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido cada partido político en la elección de diputados inmediata anterior.
Entonces y solo por citar un ejemplo, del monto para actividades ordinarias permanentes que para el 2026 será de $7,368,151,626.00, al PAN corresponderá $1,297,873,517.00; al PRI $982,462,839.00; al PT $670,613,764.00; al PVEM $832,101,904.00; a Movimiento Ciudadano $969,301,220.00; y a Morena $2,615,798,382.00.
¿Qué tal? ¡Partidos políticos ricos y pueblo pobre!
El que menos recibirá es el Partido del Trabajo (PT), pero entre los pobres y los trabajadores (asalariados o no) es rico. Es más, ¿a qué empresa el Estado da más de 670 millones de pesos tan fácilmente? A ninguna, salvo que sea del propio Estado.
Claro, el más rico entre los ricos es Morena, que recibirá más de 2 mil 600 millones de pesos. El resto (PAN, PRI, PVEM y MC) se llevan su buena tajada sin el menor esfuerzo.
Ahora bien, ¿qué cubre el monto para actividades ordinarias permanentes? Gastos para conseguir la participación ciudadana en la vida democrática del país, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer; el gasto de los procesos internos de selección de candidatos; sueldos y salarios del personal, arrendamiento de muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y demás servicios y suministros similares; la propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática.
Luego el monto para actividades específicas cubre las relativas a educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales.
¿Los aplican tal cual? Parece que no, sobre todo la oposición.
El rubro donde ninguno falla seguramente es el de sueldos y salarios. Los partidos políticos se han convertido en bolsas de trabajo para personas allegadas a los dirigentes.
Cabe preguntar si en plena era de la comunicación por internet ¿se justifica la existencia de las franquicias postal y telegráfica para los partidos políticos? Es un dinero que bien podría destinarse a una obra de beneficio colectivo en algún municipio de los más pobres del país.
Ahí no termina el financiamiento. En año electoral, los partidos reciben un 50% más del monto para actividades ordinarias permanentes, para las campañas electorales.
Todo lo anterior en cuanto a los partidos políticos con registro nacional, los cuales, además, reciben montos estatales por conceptos idénticos en cada una de las 32 entidades federativas, donde la ciudadanía también financía partidos locales.
En fin, parece que va siendo hora de cambiar la historia de partidos ricos y pueblo pobre. ¿Cómo? Cambiando en una próxima reforma electoral las fórmulas, porcentajes y parámetros para calcular y distribuir el financiamiento público partidista.
No se trata de ahorcar a los partidos minoritarios, como dicen pretende Morena. (Dicen, porque hasta ahora no se conoce un planteamiento concreto sobre cómo y cuánto reducir el financiamiento público).
Pero tampoco se trata de sostener partidos políticos con financiamientos que contrastan con la pobreza y necesidades de la mayoría de comunidades mexicanas.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
