Rosy RAMALES
Tiene toda la razón el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar al calificar como “una vergüenza nacional” la sorpresiva reserva presentada por su homólogo Sergio Gutiérrez Luna para permitir la reelección en 2028 de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se encuentren en funciones al entrar en vigor el decreto.
Este ‘as bajo la manga’ representa un doble regalo para la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.
Por un lado, la llamada 4T en la Cámara de Diputados les obsequió un año más en funciones aplazando la segunda elección judicial; por el otro, les abre la posibilidad de extender su cargo por un periodo adicional de seis años, a pesar de que la norma vigente estipula que este es improrrogable.
En su defensa, argumentarán que se trata de un nuevo modelo de elección y que, por lo tanto, les asiste el mismo derecho que a los ministros que participarán en la primera elección judicial, tal como sostuvo Gutiérrez Luna.
Sin embargo, esta “perlita” en la reforma a la reforma judicial, necesariamente debe tener un trasfondo político: ¿Un trueque entre la 4T y las magistraturas electorales de la Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral?
Dicho de otro modo: el oficialismo, a través de sus legisladores, avala que cuatro magistrados en funciones puedan competir en 2028 para un nuevo periodo, pero mientras llega ese momento, ¿estos magistrados van a resolver todo a favor de la 4-T, incluyendo las impugnaciones en las cuales se solicite la nulidad de los triunfos de la oposición?
Imagínense qué sería con la propuesta de Ricardo Monreal Ávila sobre la nulidad de las elecciones por intervención extranjera. Hasta puede pensarse que en la Cámara de Diputados amarraron una cosa con la otra. ¿O no hubo acuerdo?
Incluso, pudo haberse amarrado el compromiso de la mayoría del Pleno de la Sala Superior del TEPJF para dar revés a cualquier impugnación relevante en contra de Morena y aliados (PVEM y PT) y sus candidaturas a los cargos populares a disputarse en el 2027: Diputaciones federales, 17 gubernaturas; y diputaciones locales y concejales municipales en la mayoría de las entidades federativas.
¿O a cambio de qué la 4T benefició a las magistraturas electorales que debieron dejar el cargo desde el año 2025? Tanta generosidad política, y de a gratis, no se la cree nadie. Ahora resulta que al diputado Sergio Gutiérrez le dio un ataque de empatía, recordó que las habían tratado con “inequidad” en la primera reforma judicial y corrió a hacerles justicia. Ja.
Parece que el remedio saldrá más caro que la enfermedad. Pues, aunque se aplazó la segunda elección judicial de 2027 a 2028, los problemas de fondo subsisten. Además, Morena y sus aliados (PVEM y PT) aprovecharon la coyuntura para confeccionar normas a modo dentro de la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial.
Sí, la aplanadora aceptó la reserva del diputado petista Reginaldo Sandoval Flores para que la Revocación de Mandato presidencial se celebre el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, con lo cual nunca podrá empatarse con elección intermedia federal o la elección a la presidencia de la República.
Empero, la jornada revocatoria terminará empatándose con las elecciones de gubernatura en cuatro entidades: Oaxaca, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, que renovarán Ejecutivo en 2028. Es cierto que este panorama resulta menos complejo para las autoridades electorales —pues no es lo mismo organizar cuatro comicios locales que una jornada masiva nacional—, pero no deja de ser polémico el asunto.
El debate y las reservas no salvaron problemas de fondo como, por ejemplo, la instalación de casillas en el mismo lugar tanto para la elección judicial como para las elecciones ordinarias. Ni la compleja concurrencia de ambas en años posteriores.
Es casi seguro que, en cuestión de horas, la Cámara de Senadores avalará las atrocidades… perdón, las modificaciones a la reforma de la reforma judicial. El tiempo apremia: el plazo fatal para aprobar los cambios aplicables al proceso electoral que inicia en septiembre próximo prácticamente ha llegado a su fin.
La urgencia se concentra en la reforma judicial; el resto será ganancia para la 4T: La creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas (dependiente del INE) y la nulidad de elecciones por intervención extranjera.
A esta última iniciativa, por cierto, los diputados le hicieron una pequeña modificación para que proceda la nulidad “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Sin embargo, esa modificación y nada es lo mismo, considerando los riesgos y la falta de precisión sobre qué actos específicos se considerarán como «intervención o injerencia».
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