Rosy RAMALES
La propuesta de reforma a la reforma judicial, confeccionada por la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde Luján, no solo no soluciona el problema sobre el perfil, conocimientos, requisitos de elegibilidad, y preselección de candidatos y candidatas a cargos judiciales, sino que agrava los riesgos en la jornada electoral. Y así la aceptó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Si bien aplaza la fecha de la segunda elección del 2027 al 2028, también aplaza el conflicto al plantear que: “Las elecciones judiciales y las ordinarias podrán hacerse en la misma ubicación, garantizando que los representantes de partidos no intervengan”.
La normatividad vigente obliga a la casilla diferenciada porque en las que se instalan para la elección judicial se prohíbe la participación de representantes partidistas. En cambio, con la propuesta prácticamente sería la misma casilla, pues se plantea que en el mismo lugar donde se instale la casilla para elecciones ordinarias, también se instale la casilla para la elección judicial.
Aquí cabe recordar que en el 2028, al menos cuatro entidades federativas tendrán elección ordinaria a la gubernatura: Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca.
Ciertamente, el cambio de fecha de la segunda elección judicial despresuriza la bomba que se preveía para el 2027 con la concurrencia de elecciones: Diputados federales, 17 gubernaturas, diputados locales y concejales a los ayuntamientos; además de elecciones judiciales en ambos órdenes.
Sin embargo, se propone que: “La elección de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato, de solicitarse conforme al artículo 35 constitucional”. Y se refiere, según se entiende, a la concurrencia de la elección judicial con el proceso revocatorio.
¿Y las casillas se instalarán en el mismo lugar? Tal vez esa sea la tirada, salvo disposición expresa en contrario. Por cierto, la revocación no es una elección.
Y, miren, después del 2028, volverá la prolífera concurrencia comicial, “las elecciones judiciales posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios (2030, 2033, 2036…) para renovar las vacantes que se vayan generando.”
O sea, conflicto y gasto de nunca acabar. Ya lo dijo el mismo INE son “elecciones completamente incompatibles”
Respecto a las deficiencias en el perfil, conocimientos, requisitos de elegibilidad y preselección de candidaturas a cargos judiciales, la propuesta de reforma a la reforma judicial no ofrece soluciones de fondo; se limita a proponer la creación de una Comisión Coordinadora para homologar las metodologías y criterios de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.
De este modo, prevalece el criterio político sobre el técnico: no se endurecen los requisitos de elegibilidad, se mantiene la utópica “recomendación ciudadana”, se omite el examen de conocimientos que exigen los expertos y se deja de garantizar una preselección de perfiles idóneos para la judicatura.
En consecuencia, el diseño parece orientado a facilitar el acceso de perfiles afines al grupo en el poder, prescindiendo del rigor técnico indispensable. Muestra de ello son los controvertidos nombramientos de las ministras Lenia Batres y Estela Ríos.
Es difícil que las y los legisladores de la 4-T le muevan una coma a la iniciativa de reforma a la reforma judicial, salvo que el PT o el PVEM pongan resistencia, pero como al parecer no les afecta, no la pondrán.
Por lo pronto, este miércoles, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, entregaron formalmente a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de reforma constitucional que busca postergar la elección del Poder Judicial del 2027 al 4 de junio de 2028.
Y como hay urgencia, pues el plazo fatal está por vencer, el proceso legislativo va que vuela.
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