Rosy RAMALES
Igual como en las elecciones tradicionales, el proceso electoral extraordinario judicial no se agotó el día de la jornada electoral, tampoco con la conclusión de los cómputos distritales de los seis cargos de la primera elección del Poder Judicial de la Federación.
Cómputos que arrojaron el porcentaje de participación ciudadana del 13.0184 % en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se toma como parámetro por su carácter nacional. Baja participación en relación al enorme universo de electores: 99 millones 793 mil 821 en lista nominal.
Aunque pudo haber sido peor. Pudo ser igual o más baja que la participación en la Consulta Popular del 2021 en que fue del 7.11% (6 millones 663 mil 208 votantes), pero la rebasó al doble y con eso ya se sienten contentos en la 4-T.
Más bien en Morena, porque quién sabe si los aliados, el PT y el PVEM, motivaron a sus militantes y simpatizantes a votar en la elección judicial. Las diferencias por las candidaturas a los cargos populares en Durango y Veracruz, pudo haber influido.
Si hubo motivación de tales aliados, entonces debe ser preocupación de Morena, porque entonces no salieron a votar todas las adhesiones guindas, ni todo el voto cautivo. Y si no hubo motivación, entonces Morena tiene aliados solo en las maduras, porque en las duras aquellos se esfuman.
Claro, por mandato normativo los partidos políticos tienen prohibido inmiscuirse en el proceso electoral judicial. Pero en los hechos ocurre otra cosa.
Retomando el tema, la participación ciudadana en la elección judicial se quedó cuatro puntos por debajo de la resultante en la Revocación de Mandato del 2022, donde se alcanzó el 17.77% (16 millones 502 mil 636 votantes). ¿Será que haga falta el acicate llamado AMLO?
No se cumplió la expectativa del INE, donde se esperaba entre el 15 y 20% de participación ciudadana. Fue más realista la estimación inicial dicha por la consejera Rita Bell López Vences, entre el 10 y 15%.
Como sea, la primera elección judicial ha sido un éxito para la 4-T y para el INE; no pueden decir lo contrario, ¿verdad? En cambio, para distintos sectores de la sociedad mexicana, fue un fracaso o un experimento democrático regular.
¿HABRÁ SUSTOS EN LO QUE SIGUE?
Ya lo confirmó el INE. A partir de este 12 de junio inician los cómputos por entidad federativa en los 32 Consejos Locales, de cinco de las seis elecciones: Ministras y ministros de la SCJN; y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.
Concluidos los cómputos de entidad federativa, el mismo 12 de junio, los Consejos Locales ubicados en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Xalapa y Toluca (cabeceras de las circunscripciones plurinominales) realizarán el cómputo de la votación obtenida para magistradas y magistrados de las Salas Regionales del TEPJF.
Inmediatamente después de ello, pueden venir sustos y sorpresas. Porque llega el momento en que el Consejo General del INE determina si hay causas legales para no expedir la constancia de mayoría a quienes habiendo ganado, se ubiquen en las hipótesis de las 8 de 8:
Haber cometido delitos contra la vida y la integridad corporal, atentado en contra de la libertad y seguridad sexual, violentado el normal desarrollo psicosocial, incurrido en violencia familiar, ejercido violencia familiar equiparada o doméstica, violentado la intimidad sexual, ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género, o haber sido declarada persona deudora alimentaria morosa.
Además de estar prófuga o prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria por pérdida de derechos políticos y electorales.
Todo debe constar de manera fehaciente. Si el caso no entra en esos supuestos, el INE debe entregar la constancia de mayoría.
Luego falta el desenlace de las 29 quejas y denuncias sobre el uso de ‘acordeones”, actos anticipados de campaña, actos de campaña prohibidos, etc; así como el desenlace de los informes de gastos de campaña. Las infracciones, en caso de comprobarse, tienden más a sanciones administrativas, que a la nulidad de las elecciones.
Sobre nulidades conocerán las autoridades jurisdiccionales competentes, debiendo resolver máximo en los últimos días de agosto, para que, en el caso de las personas electas como ministras y ministros, asuman el cargo el 1 de septiembre.
A ver si hay reveses y sanciones. Aunque si todo está pactado, no habrá. Claro, pueden darse casos en que no prosperen las impugnaciones por falta de los elementos exigidos por la ley.
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