Se pierde la oportunidad de reducir el Senado y el financiamiento público partidista, elegir a los pluris de manera directa y la garantía de las acciones afirmativas.
Rosy RAMALES
La iniciativa de reforma electoral constitucional de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, avanzó al ser aprobada en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, pero sólo con el voto de Morena en esta ronda donde nada más se necesita mayoría absoluta.
Los “aliados”, PVEM y PT, votaron en contra sin titubear. También la oposición: PAN, PRI y MC. La votación fue muy cerrada en medio de reproches de la oposición y expresiones de respaldo de morenistas hacia la presidenta Sheinbaum. En las dos comisiones resultaron 45 votos a favor, 39 en contra y cero abstenciones.
La tendencia en contra es igual rumbo al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé que hoy sea votada la reforma en materia electoral a la Constitución Política y donde sí se requiere mayoría calificada. Y como Morena tiene 253 votos de igual número de diputadas y diputados de su bancada, no alcanza per se la mayoría calificada que exige la ley.
Por tanto, no pasará la reforma electoral constitucional de la presidenta Sheinbaum, salvo que ocurra un milagro. Pero difícilmente porque los partidos políticos se niegan a perder cualquier porcentaje del financiamiento público y la facilidad en la obtención de las posiciones legislativas plurinominales, las cuales se han convertido en el modus vivendi de dirigentes partidistas.
De cierto modo, es una lástima. Porque se pierde la oportunidad de reducir el Senado y el financiamiento público partidista, elegir a los pluris de manera directa y la garantía de las acciones afirmativas.
Pero seguro irán juntos en el Plan “B” de la reforma electoral, aunque para modificar las leyes secundarias (en las cuales no se puede variar la integración de las cámaras legislativas, ni la forma de elección), Morena ya no necesita del voto del PVEM y del PT.
En fin. El dictamen de reforma constitucional en materia electoral a someterse al Pleno de la Cámara de Diputados, y que seguramente no alcanzará la mayoría calificada (salvo un milagro), contempla:
La reducción del financiamiento público de los partidos políticos, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Modifica la fórmula para calcularlo, pero permanecen los porcentajes de distribución 30% igualitario y 70% entre los partidos con más votos, en lo cual no están de acuerdo los “aliados” de Morena.
La modificación de la forma de elección de las 200 diputaciones de Representación Proporcional o plurinominales: Los 100 mejores perdedores en la elección de mayoría, y 100 por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
En lo que respecta a los requisitos para ser diputado federal, se estipula que, en el caso de las personas mexicanas residentes en el extranjero, deberán tener residencia de más de tres años fuera de territorio nacional.
La reducción de la Cámara de Senadores a 96, eliminando los 32 plurinominales, para integrarse con 2 electos en cada entidad por mayoría relativa y 1 asignado a la primera minoría.
En la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular, los partidos políticos y autoridades electorales garantizarán acciones afirmativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como de grupos históricamente subrepresentados.
Modificación de los cómputos de los resultados de las elecciones federales, planteando que inicien a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los consejos distritales. Ya no se llevarían a cabo el miércoles siguiente al de la elección.
La reducción del tiempo de radio y televisión. Contempla que a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 35 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.
El dictamen plantea que los partidos políticos y las personas precandidatas o candidatas tendrán prohibido recibir o ejercer para sus actividades o campaña electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional.
Prohíbe a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes, financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas. Toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas y, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación, no podrán hacerse aportaciones en efectivo. Las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional.
En tanto, las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero nacional deberán reportar para fines de fiscalización estas transacciones al INE a través de los órganos reguladores en los términos que fije la ley. Las aportaciones en especie serán siempre cuantificadas en moneda nacional y atenderán a lo que disponga la ley.
En el dictamen se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a participar en consultas populares, referéndums, plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa, por lo que las legislaturas de las entidades federativas fijarán el porcentaje para que la ciudadanía de sus municipios pueda solicitarlo, mismo que no podrá ser mayor al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del municipio.
Los resultados en los mecanismos de democracia directa serán vinculantes para el ayuntamiento siempre que la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en dicha lista nominal.
Plantea que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos, así como la discusión pública informada. No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva sobre las consultas populares y se permitirá incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares.
Prevé que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley. Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre el contenido no etiquetado.
También que las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas, que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral.
Y que las personas representantes de los poderes de los tres órdenes de gobierno, bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, siempre que no influyan en sus resultados.
Así, grosso modo. Pero ese dictamen carece del consenso de los partidos minoritarios, incluyendo a los “aliados” de Morena, entonces hará agua.
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