*.- La intervención del Fiscal General y el anuncio del Secretario General…
Rosy RAMALES
No es la primera vez que policías municipales protagonizan hechos donde pierden la vida personas que presuntamente incurrieron en algún ilícito. Como el reciente caso donde resultó herido un jóven y murió, en un operativo de alcoholímetro a cargo de la policía municipal de Santa Lucía del Camino.
Por cierto, un municipio donde proliferan las cantinas, bares y todo tipo de antros de mala muerte, algunos de los cuales funcionan las 24 horas del día; situación que se ve al circular por las avenidas principales que atraviesan la cabecera municipal. Hasta parece zona de tolerancia.
Una pésima imagen que choca con la buena imagen que intenta dar el resto del comercio establecido.
Y por ahí, venía funcionando un módulo de policía, quien sabe si para cuidar los bares o para resguardar la seguridad de las personas que transitan en vehículos o a pie (jóvenes, mujeres, niños, niñas, estudiantes, personas de la tercera edad).
Las unidades de la policía municipal y/o vial municipal se colocan estratégicamente para llevar a cabo religiosamente dos tipos de operativos: Del alcoholímetro y el de placas vehiculares.
Y no es la primera queja de extralimitación de funciones. Pero ahora se les pasó la mano al presuntamente disparar en contra de Diego, uno de los dos estudiantes que, según el parte de la misma policía municipal, habían tratado de evadir el operativo alcoholímetro y en ese intento atropellaron a un policía; más adelante, uniformados dieron alcance a los jóvenes que ya había abandonado el automóvil; uno de los jóvenes fue puesto a disposición de la autoridad ministerial y el otro, fue llevado al hospital porque estaba herido de bala, muriendo más tarde.
No hay claridad de los hechos. Menos si el primer informe es de la policía municipal.
Pero la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes; y ya hay un detenido, aunque la investigación continúa.
La ciudadanía se pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que morir cuando por alguna razón tropieza o cae en manos de la policía municipal y/o municipal vial?
No solo de Santa Lucía del Camino, sino de cualquier municipio; ahí está el caso de la jóven que en el 2022 murió en los separos de la policía municipal de Salina Cruz, y que según se había ahorcado con su ropa interior.
Son recurrentes las quejas de abuso de sus funciones de elementos de San Jacinto Amilpas y de Santa Cruz Xoxocotlán, sobre todo desde cuando existe una policía vial municipal; especialmente se dan vuelvo en infracciones viales. Y son multas exorbitantes.
No hace mucho, fui testigo de una persecución de un indigente o borrachito por parte de elementos de la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, en una de las calles cercanas al mercado municipal. Le dieron alcance y lo patearon hasta la saciedad, mientras el señor intentaba librar los golpes cubriéndose con los brazos; ni siquiera se podía defender. “Si no hice nada”, decía.
Me estacioné, bajé del auto y me acerqué para decir a los policías que no patearan al señor, ya lo tenían sometido.
__¿Y qué, es usted su familiar?; preguntó uno de los policías.
__No, no soy su familiar; simplemente soy una persona que considera que lo que haya hecho el señor, no tienen por qué patearlo de esa manera.
Ya no dije más, porque en pocas palabras me dieron a entender que no me metiera y empezaron a anotar las placas de mi auto.
Los policías municipales y viales municipales de cualquier municipio dan miedo en vez de inspirar confianza y seguridad.
Quién sabe qué pasa con el programa al parecer a cargo de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Ortiz Barón, sobre la certificación de la policía municipal, lo cual se supone representa, entre otras cosas, contar con policías capacitadas y equipadas (con vehículos y armas).
Pero capacitadas para garantizar la seguridad de las personas, no al contrario; no para arremeter en contra de los derechos humanos de la ciudadanía.
Claro, si algo no funciona, la responsabilidad no sería de ella, sino de las autoridades municipales.
Qué bueno que el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla ha puesto en marcha el programa “Fiscalía en tu comunidad”, mediante el cual personalmente atiende y plática tanto con la ciudadanía como con los elementos de las policías municipales; eso ayudará a sensibilizar a los uniformados en su deber de garantizar los derechos humanos de las personas.
Sirve de mucho la formación en derechos humanos que tiene el Fiscal Rodríguez Alamilla.
Pero todo puede echarse a la borda si las policías municipales y las mismas autoridades municipales no le ponen ganas en cumplir sus funciones sin que mueran personas, sin transgredir derechos humanos.
Vaya, una cosa es cumplir con la función, y otra es disparar en contra de la ciudadanía o patearla hasta la saciedad para someterla.
Por cierto, dicen que en algunos municipios los mandos policíacos y hasta la misma persona de la titularidad de la presidencia municipal, piden una cuota al día a las policías municipal y municipal vial, que sacan de las “mordidas”.
Algo tienen qué hacer las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Oaxaca para evitar cobros excesivos en las multas que se convierten en una de las mejores armas de las policías municipales en contra de la ciudadanía.
Es más, sería buena medida el anuncio hecho ayer por el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de que se analiza la posibilidad de que sea la Policía Vial Estatal la responsable de aplicar el operativo Alcoholímetro en los municipios del estado.
“Explicó que esta estrategia de prevención de accidentes se debe realizar de manera conjunta con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), por lo que solicitará que la dependencia convoque a una reunión urgente del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) y así solicitar el retiro inmediato de los equipos de alcoholimetría en municipios que realizan el operativo.”
“Expuso que quienes aplican este instrumento para determinar el nivel de alcohol, carecen de capacitación, infraestructura necesaria e incumplen con un protocolo establecido.”
Totalmente cierto. Incluso, en los operativos debería de estar personal de la Defensoría de Derechos Humanos.
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