Rosy RAMALES
El debate por la sub y la sobrerrepresentación a partir de las elecciones del 2 de junio, conducen a replantear las reglas de la participación de los partidos políticos en coalición, y aquellas para no rebasar los límites de la representatividad legislativa.
Todo en una próxima reforma electoral.
Lo ideal sería que no existiera el exceso del 8% en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (esquema replicado en las entidades federativas).
La Constitución Política establece: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Qué tanto es tantito, ¿no? ¿Por qué? Debería ser: ‘Ningún partido podrá exceder en ningún porcentaje el número de diputados que correspondan a su votación’. Algo así.
Además, la norma debe precisar que tampoco la coalición. Justamente la falta de precisión en la norma constitucional vigente ha generado el conflicto de interpretación en la restricción sobre el 8%: Que aplica solo a partidos o también a coaliciones.
Hasta las elecciones federales del 2021, las autoridades electorales la han aplicado solamente a partidos políticos. Pero puede que en 2024 cambien de criterio en ocasión de la asignación de diputaciones pluris para equilibrar la representatividad política.
A ver cual es el desenlace.
Hasta ahora, disposiciones constitucionales y legales otorgan muchas concesiones políticas a los partidos. Porque éstos hacen las leyes mediante sus legisladores, por lo cual siempre se despachan con la cuchara grande.
Lo hizo el PRI. Y lo hace Morena con las normas que precisamente son herencia del PRI. Pero como es tiempo de “transformación”, entonces procede modificar el andamiaje jurídico para que los partidos, tanto el mayoritario como los minoritarios, tengan las diputaciones por ambos principios que les correspondan.
Aunque ya el presidente AMLO planteó eliminar los plurinominales; planteamiento que retoma la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Si se concreta, se acaba el problema por la sub y sobrerrepresentación derivada de la asignación pluri.
Pero ello seguramente traería como consecuencia el debate sobre una intención de Morena de desaparecer a los partidos minoritarios porque se quedarían sin representación política en las cámaras legislativas para dar voz a la ciudadanía que los favoreció con votos en las urnas electorales.
Los partidos minoritarios deberían ser más ambiciosos. No conformarse con ser siempre lo que son, sino aspirar a desplazar a Morena en el poder; o por lo menos a convertirse en minorías fuertes, de modo tal de obligar al partido mayoritario a la negociación y al equilibrio.
Necesitan impulsar reglas equitativas para los partidos políticos, para competir en condiciones de igualdad. Por ejemplo, financiamiento público y acceso a radio y televisión igual para todos.
Si Morena pudo pasar de ser partido minoritario a partido mayoritario, ¿por qué no los demás? Si el PRD y el PAN pudieron impulsar y conseguir reglas equitativas en los tiempos de hegemonía priista, ¿por qué ahora no lo intenta la oposición (PRI-PAN-MC).
En fin, pero si no se eliminan los plurinominales, entonces necesariamente deben eliminarse las normas que permiten sobrerrepresentación.
Por cierto, escuché en un noticiero radiofónico al constitucionalista Diego Valadés cuestionar la casi inminente sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, y decir que ahora ningún partido debería tener plurinominales, porque incumplieron la siguiente disposición constitucional:
“Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales…”
Ninguno habría participado con candidatos de mayoría en 200 distritos. Se entiende que candidatos propios.
¿Será?
Debieron cumplir. Porque entonces ¿cómo el INE avaló el registro de las listas regionales? A menos de que los candidatos vía coalición hayan sido considerados como propios.
Es interesante el planteamiento de Diego Valadés.
Pero también es cuestión de interpretación de las normas constitucionales, que no son muy precisas; según el partido en el poder o según las circunstancias políticas del país.
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