Rosy RAMALES
El sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene reglas procesales estrictas que deben cumplirse; caso contrario, recursos y juicios no prosperan; las reglas probatorias, por consiguiente. Las excepciones se han dado respecto de sectores vulnerables. Los partidos políticos de sobra lo saben; las personas candidatas, deberían saberlo.
Pero parece que no lo saben. O sí, pero no saben impugnar. O impugnan solamente para efectos mediáticos y políticos, o para ver si a magistradas y magistrados electorales se les conmueve el corazón y les dan la razón.
Cuando en el 2006 Andrés Manuel López Obrador pidió en el “voto por voto, casilla por casilla”, el supuesto jurídico no se encontraba en la ley electoral y por tanto ni el entonces IFE abrió más paquetes, ni el Tribunal Electoral le dio la razón para hacer un recuento total de votos. Éste se estableció en la norma dos años después.
Algo parecido sucede ahora con Xóchitl Gálvez Ruiz.
Conforme al proyecto de sentencia de la Comisión Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, ella no pide la nulidad de la elección, sino la valoración de diversas circunstancias a través de un medio de impugnación que no es para ello.
Por eso, el proyecto de sentencia propone: “La demanda es improcedente ya que la actora no plantea una vulneración directa a sus derechos político–electorales a partir de la cual cuestione la validez de la elección y tampoco solicita su nulidad.”
Algo así como: ‘Miren magistrados, fíjense todo lo que pasó: El presidente AMLO influyó con sus mañaneras, Morena tuvo exceso de publicidad, se usaron programas sociales, etc. Tomenlo en cuenta, pero no pido la nulidad de la elección, ¿he?’.
¿Entonces?
Son diversos medios de impugnación los presentados en contra de la elección presidencial y que analizó la Comisión ex profeso del TEPJF. Y hay uno del PRD que llama la atención, conforme el proyecto:
“A juicio de esta Sala Superior la pretensión de la parte actora consiste en que se anule la votación recibida en diversas mesas directivas de casillas…, sin que en forma alguna exponga planteamientos sobre la nulidad total de la elección.
“Los planteamientos de la parte actora son inoperantes, porque tienen como finalidad que se ajuste la votación para conservar su registro como partido político nacional, pues de forma expresa señala que ‘al corregir las irregularidades que se reclaman, al PRD se le asignarían los votos que le corresponden, los cuales alcanzan el porcentaje requerido por la norma para seguir conservando su registro’.
“La inoperancia radica en que las inconsistencias vinculadas con la pretensión de nulidad de la votación recibida en casilla, se debieron plantear mediante impugnación de cada uno de los cómputos distritales, como está expresamente previsto en la Ley de Medios…”
¿Qué pasa con los partidos políticos? El PRD ni siquiera pensó en la transparencia de la elección, sino en su sobrevivencia; mal, además, porque no supo impugnar.
Y así, cosas como esas se encuentran en el proyecto de sentencia. Los actores no dieron elementos a la Comisión para anular la elección, ni siquiera aportaron pruebas vinculantes. Por ejemplo, uno de los actores dice que hubo intervención del crimen organizado en las elecciones, aportando como prueba una lista de links de notas periodísticas.
Está como cuando la elección del 2006, que gente de AMLO llegó a las oficinas de la autoridad electoral cargando gallinas, chivos y cuánto animal de granja que según había repartido el PAN, lo cual había influido en el ánimo del electorado.
Con ese tipo de argumentos, la autoridad jurisdiccional no puede resolver a favor de quiénes impugnan. Amén de cualquier carga política de magistrados y magistradas, porque tampoco son castos políticamente.
En fin, quedará para la historia que en la elección presidencial 2024, hubo una serie de situaciones indebidas. Pero los actores no quisieron, no pudieron o no supieron impugnar.
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