Rosy RAMALES
Consejeros, partidos políticos y especialistas, en su momento advirtieron de los riesgos del asalto en despoblado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) cuando en octubre del 2024 el Congreso de la Unión aprovechó la adecuación a la reforma constitucional del Poder Judicial para transferir a Guadalupe Taddei facultades del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Bastó la modificación de dos preceptos de dicha ley secundaria para dotar de superpoder a la primera consejera presidenta.
Vía el artículo 45 se le otorgó la atribución de “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto…”, eliminando el contrapeso de solo “proponer” dichos nombramientos ante el Consejo General.
En tanto, vía el artículo 48 se concedió a la Junta General Ejecutiva del INE la facultad de “aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto.”
Ahora el INE empieza a pagar las consecuencias de transitar de un modelo colegiado a uno de decisión unipersonal, en el que Taddei ponía y quitab directores ejecutivos sin pasar por el aval de las y los consejeros, lo cual funcionaba como filtro y cotrapeso de las decisiones de la presidencia del Consejo General.
Ahí está el caso de Jesús Octavio García González, quien, por decisión de Taddei, se desempeñó entre septiembre de 2025 y abril de 2026 como encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, tras haber sido representante legal de proveedores de materiales electorales para el INE. Renunció por los señalamientos al respecto.
La concentración de un poder inédito en la consejera presidenta se vio favorecida también por la modificación al artículo 48 de la LGIPE, la cual dotó de amplias facultades a la Junta General Ejecutiva, la cual, antes de la reforma, solamente estaba autorizada para “fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto”.
Como se señaló en su momento, al otorgarle un amplio margen de maniobra en la toma de decisiones administrativas y operativas de las elecciones, la Junta se convirtió en una especie de Consejo General paralelo, donde las decisiones colegiadas no las toman las y los consejeros electorales, sino los titulares de las Direcciones Ejecutivas designados de manera directa por Taddei.
Quien diseñó ese modelo, probablemente lo hizo con la intención de debilitar al auténtico Consejo General y mantenerlo al margen del control de la estructura administrativa, ejecutiva y técnica del INE, tanto de órganos centrales como desconcentrados.
Vaya usted a saber si el ideólogo de la reforma electoral de octubre de 2024 buscaba controlar las estructuras del Instituto vía su presidencia otorgándole un super poder inédito, o solamente pretendía dar privilegios a Taddei. Como haya sido, la situación parece haber salido de control y ella se ha despachado con la cuchara grande sin reparar en el daño al INE.
Si bien la iniciativa de reforma a la LGIPE fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es poco probable que haya surgido de ella la idea de transferir a Taddei facultades exclusivas del Consejo General, el cual, por cierto, por mandato constitucional es “el órgano superior de dirección”, entonces la Junta ni sus acuerdos podrían estar por encima del Consejo.
Eso fue justamente lo que defendieron las y los consejeros inconformes: la supremacía constitucional del Consejo General del INE.
Ahora, con justa razón, las y los consejeros se deslindan de los presuntos actos de corrupción de la consejera presidenta, últimamente señalada por conflictos de interés, por ejemplo, al estar en la nómina del Instituto como su chofer una persona vinculada con proveedores de materiales electorales del INE.
Al restarle facultades al órgano colegiado, toda la responsabilidad recae en Taddei, quien, en lugar de probar su inocencia ante los hechos que ya investigan las autoridades competentes, la consejera presidenta ha intentado deslindarse argumentando que partidos y grupos de poder buscan debilitar al INE mediante ataques en su contra.
En fin, los días transcurren en medio de la necesidad de dotar al INE de una presidencia con alta solvencia moral y a la espera de que el Congreso de la Unión restituya al Consejo General las facultades de contrapeso que le quitó con la reforma de octubre del 2024.
Máxime ahora, tras los videos que evidencían que la relación de Taddei con un proveedor de materiales electorales abarca el ámbito sentimental. Ni cómo ayudarla.
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